La preocupación por las condiciones de vida en España viene de lejos, pero hoy se ha acentuado a causa tanto del dramático envejecimiento de la población como del aumento de las desigualdades, tal y como plantea la OCDE en su reciente informe Preventing Ageing Unequally.

La primera parte del problema, el envejecimiento, no tiene fácil solución. En la actualidad, el 21% de la población española tiene más de 65 años, un porcentaje que ascenderá hasta el 25% en 2030. Para entonces, habrá dos personas mayores de 65 años por cada individuo que trabaje o que busque empleo. Esta situación no sería un problema si el sistema español de pensiones se basara en el modelo de capitalización, porque los mayores podrían financiarse su jubilación con sus ahorros. Pero la Seguridad Social se basa en el sistema de reparto, aquel por el cual las cotizaciones de hoy pagan las pensiones actuales. Este sistema es inviable con las condiciones demográficas actuales y, por ello, se han tomado las medidas que recomienda el Pacto de Toledo, como la ampliación del periodo de computo de la pensión, o la introducción del factor de sostenibilidad, todas las cuales implican, en última instancia, la reducción de la cuantía de las pensiones futuras.

Este problema ya es preocupante por sí mismo, pero se agrava en el caso de dos colectivos concretos: las mujeres y los trabajadores poco cualificados, tal y como denuncia la OCDE. El problema relacionado con las mujeres es que, si eligen dejar de trabajar unos años para tener hijos y cuidarlos, después se encuentran con menos años de cotización a la Seguridad Social y, por tanto, con pensiones más bajas. Lo mismo sucede si por lo que optan es por la jornada reducida, puesto que, entonces, tanto el salario como la cotización a la Seguridad Social son más bajas. Este es un asunto que requiere urgente atención porque España necesita que aumente la tasa de natalidad y, para ello, no solo es necesario establecer medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. Es preciso, también, resolver el problema de las pensiones de las madres, sobre todo porque, en el mundo moderno, no podemos dar por sentado que un matrimonio, o una pareja, van a permanecer unidos de por vida, como en el pasado, de forma que el varón pueda aportar ingresos para sostener a la mujer en la vejez, ni que la mujer pueda esperar una pensión de viudedad si está separada o es madre soltera.

La situación es igualmente complicada con los trabajadores poco cualificados. Por definición, trabajos de baja cualificación obtienen una baja remuneración, que resulta en cotizaciones y pensiones bajas. En la actualidad, esos trabajadores son cada vez menos demandados por las empresas, en parte porque necesitan personas cualificadas, en parte porque el cambio tecnológico está provocando la sustitución acelerada de los trabajadores de baja cualificación por robots o por sistemas de inteligencia artificial. En consecuencia, la competencia por puestos de baja cualificación aumenta y, debido a ello, los salarios se estancan o se reducen, dando lugar a bajas cotizaciones a la Seguridad Social.

Esta situación de la que alerta la OCDE ya la avanzó, hace dos años, el estudio The Future of Spanish Pensions, que estimó que, en 2037, la pensión media se reducirá un 20% respecto a los niveles actuales y que la mitad de los nuevos jubilados solo percibirán la pensión mínima, teniendo en cuenta cómo actúan los distintos parámetros del sistema de Seguridad Social tras la aplicación plena de las recomendaciones del Pacto de Toledo. De ahí la urgencia en las actuaciones que pide la OCDE, porque ese panorama solo puede cambiar si se empiezan a tomar medidas ya.