La IBA manifiesta su grave preocupación sobre la posible erosión del estado de derecho en España

Publicaciones destacadas

Apoya sin fisuras las declaraciones efectuadas por colegios de abogados, el consejo general del poder judicial, las asociaciones de jueces y fiscales, así como por un número relevante de despachos líderes

Declaración de la Presidenta de la International Bar Association Almudena Arpón de Mendívil Aldama:

El partido socialista español (PSOE) alcanzó un acuerdo con el partido catalán Junts (el “Acuerdo”) el pasado 9 de noviembre. El Acuerdo incluye estipulaciones que, de ser efectivas, erosionarán de forma grave el estado de derecho en España. Esto se refiere, entre otros, a la creación de comisiones de investigación durante la próxima legislatura con el fin de investigar actividades judiciales incluidas en el concepto de lawfare relacionadas con el referéndum de Cataluña y la declaración unilateral de independencia, con las posibles consecuencias de acciones de responsabilidad de la judicatura o reformas jurídicas.

La International Bar Association (IBA) destaca, una vez más, la importancia y la necesidad de protección de un estado de derecho fuerte, basado en la separación de poderes, donde el poder judicial actuando de forma independiente y sometido únicamente al imperio de la Ley, tiene el papel principal para asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos y la aplicación de todo el sistema legal.

La reacción de la comunidad jurídica española ha sido unánime en su condena a cualquier ataque a la independencia judicial, poniendo de manifiesto la solidez de las instituciones y del sector legal español, garantes del estado de derecho.

A este respecto, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ha señalado claramente,

–La separación de poderes, fundamento del Estado democrático, y sus mecanismos de control y contrapesos, imponen el pleno respeto y acatamiento a los tribunales de justicia y su función jurisdiccional.

– El uso del término lawfare (instrumentalización de la justicia con fines políticos) referido a los Juzgados y Tribunales no tiene cabida en un Estado Democrático. En consecuencia, es inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional.

– La sumisión de los jueces a la ley y la independencia judicial constituyen un presupuesto del Estado de Derecho, que debe ser respetado y acatado por todos los actores públicos y privados; lo que exige un llamamiento a la responsabilidad.

– La Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea rigen toda actuación, incluyendo la de los partidos políticos, debiendo ser no solo asumidos y aplicados, sino también defendidos por todos los poderes del Estado y la sociedad civil.

Hasta quince colegios de abogados de España han emitido declaraciones similares a la fecha, su número sigue creciendo.

Así lo han hecho también las instituciones legales más relevantes en España.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha expresado su rechazo frontal a las “inadmisibles referencias contenidas al lawfare” en el Acuerdo y, especialmente, frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan “responsabilidades” derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de ‘lawfare’” … lo que “implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes.” El manifiesto del CGPJ se ha remitido a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a la Vice-Presidenta Vera Jourova; al Comisario de Justicia, Didier Reynders; al Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; y al Alto Representante y Vicepresidente de la Comisión Europe, Josep Borrell; así como al Presidente de la Red Europea de Consejos de Justicia.

Asimismo, las cuatro asociaciones judiciales españolas han manifestado, en una declaración común, su rechazo al contenido del Acuerdo en cuanto considera que supone una "interferencia en la independencia judicial” y la “quiebra en la separación de poderes en España”.

En la misma línea, las tres asociaciones de fiscales han emitido declaraciones para mostrar su oposición al Acuerdo, considerando que la posible creación de comisiones de investigación en los procesos judiciales " rompe el principio democrático básico de la separación de poderes”.

Por último, en un movimiento sin precedentes en España, firmas de abogados líderes en el mercado han emitido igualmente declaraciones públicas de apoyo al estado de derecho y a la independencia del poder judicial puestos en cuestión por el Acuerdo.

La IBA, dando voz a la profesión legal global, apoya sin fisuras todas las anteriores manifestaciones dirigidas a la protección del estado de derecho en España, un país que tiene una democracia sólidamente enraizada en el estado de derecho y en la absoluta división de poderes.