Madrid, 6 feb (EFE).- El Gobierno tiene "sobre la mesa" una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para recortar los plazos de la instrucción judicial y justifica que se lleve a cabo, pero remite para su concreción a la negociación parlamentaria sobre la ley de amnistía que se desarrolla en el Congreso.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gabinete, Pilar Alegría, ha ratificado este martes que el Gobierno está abierto a reformar los plazos de instrucción después de que la víspera el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, abriera la puerta a esa posibilidad.

Alegría ha reiterado que esa modificación legislativa busca avanzar hacia una justicia "más eficiente" y que va en la línea de las políticas del Gobierno y también de demandas planteadas desde el ámbito parlamentario.

"El diálogo y la negociación en este caso no recaen sobre el Gobierno", ha manifestado Alegría, quien ha señalado que ahora corresponde a los grupos parlamentarios que deben concluir la tramitación de la ley de amnistía tras un primer rechazo y para la cual la Comisión de Justicia del Congreso tiene de plazo hasta el próximo 21 de febrero.

Ha recalcado la ministra, repitiendo las palabras de Sánchez, que para el Ejecutivo se trata de una ley "constitucional" además de "valiente" y "reparadora" y acorde con el derecho europeo.

Fuentes del Gobierno han justificado la conveniencia de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal aunque tampoco detallan si, por ejemplo, la idea sería volver a un límite de seis meses para una instrucción judicial tal y como fijó el Ejecutivo del PP y cambió posteriormente el Gabinete de Pedro Sánchez.

Insisten en remitir a la negociación, pero destacan que hay que buscar un equilibrio para que los jueces tengan tiempo suficiente para la instrucción y, a la vez, no haya procesos que se eternicen y eso afecte al derecho a la defensa que pueda tener una persona.

A la espera de que Junts respalde esa reforma y si es suficiente para que apoye la ley de amnistía tal y como está, las fuentes insisten en que está claro que el Gobierno no va tocar el texto actual que está ahora en la Comisión de Justicia del Congreso.

Sigue confiando el Ejecutivo que Junts finalmente lo apoye, pero las fuentes citadas subrayan que no está asegurado, que persisten las dudas y que hay que esperar a la evolución del diálogo.