El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha recibido el Premio Iberdrola Convive en la categoría de Investigación, Conocimiento e Innovación por su proyecto “Cómo Conciliar el Despliegue de las Renovables con la Biodiversidad y el Territorio a Nivel Nacional y Autonómico”. En su primera edición, este premio ha reconocido a las mejores iniciativas puestas en marcha en España para impulsar las energías renovables en armonía con el desarrollo socioeconómico, las personas y la conservación de la biodiversidad.
La fundadora y directora del IIDMA, Ana Barreira, recogió el galardón en el acto de entrega de premios, realizado este miércoles 31 de mayo en el Palacio de Congresos de Mérida, y presidido por Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. “Quiero agradecer al jurado por haber otorgado este premio a nuestro proyecto. Nos sentimos honrados de ser la primera organización en recibirlo”, destacó Ana Barreira al momento de recoger el galardón. “Asimismo, quiero agradecer particularmente al equipo del IIDMA por su dedicación, entrega y responsabilidad con nuestros objetivos fundacionales, y a la European Climate Foundation por su apoyo para la realización de este proyecto”, añadió.
En relación a la labor deI Instituto, Ana Barreira indicó que “este año, el IIDMA cumple más de un cuarto de siglo contribuyendo a la protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible a través del estudio, desarrollo, aplicación y ejecución del Derecho. Esperamos seguir reuniendo apoyos para continuar con nuestra misión a favor del medioambiente y seguir así fomentando la convivencia entre el ser humano y el sistema de la Tierra”.
Un proyecto pionero
A inicios de 2021, vista la necesidad de acelerar la instalación de energía de origen renovable para hacer frente al cambio climático, el IIDMA comenzó un análisis con el fin de plantear propuestas que facilitaran un despliegue de las renovables en consonancia con la protección de la biodiversidad y el territorio. “Así, diseñamos un proyecto pionero consistente en un análisis de los principales mecanismos e instrumentos jurídicos disponibles en España para ese fin que nos permitió realizar propuestas innovadoras”, explica Ana Barreira.
Los resultados de este análisis quedaron reflejados en dos informes precursores en esta materia en nuestro país. En junio de 2021, el IIDMA publicó el primer informe titulado “Cómo conciliar el despliegue de las renovables con la biodiversidad y el territorio”, centrándose en nueve recomendaciones aplicables a nivel estatal. Más adelante, en septiembre de 2022, la institución publicó un segundo informe enfocado en analizar la situación en las 17 comunidades autónomas y en examinar, en algunos casos, aspectos como los niveles de conflictividad social.
Algunas de estas recomendaciones y propuestas sobre posibles medidas para que el despliegue de las renovables no se haga en detrimento de la biodiversidad y el territorio, se han tenido en cuenta a nivel de la Unión Europea. “En concreto, la recomendación de priorizar el desarrollo de renovables en áreas degradadas fue introducida por la Comisión Europea en la propuesta de modificación de la Directiva de Energías Renovables, bajo el concepto de “zonas propicias para las renovables”, ahora denominadas por el Parlamento Europeo como “zonas de aceleración de las renovables”, añade Massimiliano Patierno, ingeniero ambiental del IIDMA.
Por otra parte, con el ánimo de sensibilizar y dar a conocer los resultados de la investigación, el IIDMA realizó una serie de eventos en diferentes puntos de la geografía española, que contaron con la participación de una gran variedad de actores: administraciones públicas estatales y autonómicas, promotores de proyectos, académicos, científicos, abogados especializados en derecho ambiental y energético, organizaciones conservacionistas, miembros de las asociaciones empresariales de renovables y de plataformas ciudadanas para la defensa del territorio, entre otros.
Dichos eventos permitieron establecer sinergias para asegurar una mayor coordinación y colaboración interadministrativa, así como para promover una mejor regulación para evitar impactos severos de los proyectos renovables sobre la biodiversidad y el territorio.
Aunque en la actualidad se está trabajando para minimizar estos impactos negativos, haciendo uso de instrumentos jurídicos que permiten lograr esa conciliación, “es importante continuar este trabajo a todos los niveles (estatal, autonómico y local) a fin de eliminar las barreras existentes para el despliegue de energías renovables”, indica Ana Barreira.
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