Bruselas, 18 sep (EFE).- La solicitud española para hacer que el catalán, gallego y euskera sean lenguas oficiales en la Unión Europea ha puesto sobre la mesa la cuestión de cuánto costaría poner en marcha esta medida, sobre la que distintas fuentes comunitarias y parlamentarias coinciden que es muy difícil hacer una estimación de gastos.

Entre las diferentes instituciones y fuentes consultadas bailan las cifras y estimaciones, desde los costes ya conocidos que suponen ahora la interpretación y traducción de las 24 lenguas oficiales hasta las nuevas cargas presupuestarias que podría conllevar sumar tres nuevos idiomas oficiales al corpus europeo.

Una alta fuente de la Comisión Europea ha confirmado a EFE que la institución "no ha hecho ningún estudio de impacto presupuestario" de la petición española de oficializar catalán, euskera y gallego, por lo que advierte de que "las cifras que circulan no son fiables".

Añadir estas tres lenguas a la lista de las oficiales en la Unión Europea supondría, además de incorporar sus cabinas de interpretación simultánea en muchas reuniones, traducir a ellas todo el acervo comunitario existente en forma de reglamentos, directivas, acuerdos y normas, una tarea mastodóntica que no se podría concluir de la noche a la mañana.

Los principales documentos comunitarios disponibles ya en estos tres idiomas son, de hecho, los tratados de funcionamiento de la Unión Europea, que España ha podido traducir por cuenta propia en virtud de un artículo del Tratado de Lisboa que permite a cada Estado miembro proveer una copia certificada de estos textos en los idiomas que no sean oficiales en la UE pero sí en al menos una parte de su territorio, al igual que hizo Países Bajos con el frisio.

En términos generales, un portavoz de la Comisión Europea estima que el monto en el presupuesto europeo destinado a traducción e interpretación equivale a aproximadamente un 6 % de las cuentas totales.

Los costes de la dirección general de Interpretación (SCIC, por sus siglas en inglés), con 483 intérpretes funcionarios y 970 autónomos, llegaron a unos 122 millones de euros en 2022 en concepto de la interpretación en la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Consejo de la UE, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social, el Banco Europeo de Inversiones y otras agencias comunitarias.

Por su parte, los servicios de traducción de la dirección general con el mismo nombre -con unos 2.000 miembros de personal de los cuáles un 70 % son traductores- costaron en 2022 unos 255 millones de euros, cifra que incluye salarios, formaciones, infraestructura informática, eventos o la disponibilidad absoluta de estos profesionales.

"Sólo tenemos una cifra general y no el coste por lengua. Los costes dependen de muchos factores individuales e involucran personal, pero también procedimientos de licitación, recursos lingüísticos como bases de datos de términos, datos para alimentar a las herramientas de traducción asistidas por ordenador y la traducción automática", explicó la portavoz.

Una fuente parlamentaria coincide en la dificultad de calcular un coste preciso para cada lengua, ya que los traductores no sólo se encargan de traducir y su "precio" depende de muchos factores. "Cada institución europea tiene su dirección de traducción y el coste de introducir el catalán, euskera y gallego no será el mismo para cada una de ellas", añade.

En el día a día, esta fuente prevé un gasto mayor en el Parlamento Europeo por toda la actividad legislativa y de conferencias multilingüísticas que se celebran, mientras que en el Consejo lo podrán usar más esporádicamente ministros o consejeros autonómicos. Más costoso sería, por contra, traducir a los tres idiomas toda la legislación comunitaria.

Por otro lado, en el Consejo y el Comité de las Regiones funcionan desde hace casi dos décadas acuerdos bilaterales con España; en el caso del Comité de las Regiones, en este texto se detalla que si un participante en una de sus reuniones desea hablar en las lenguas cooficiales debe avisar a la institución "como mínimo siete semanas antes del pleno de que se trate".

En ese caso, y salvo en la excepción de que se deniegue por falta de "medios personales o materiales", se interpretaría la lengua en cuestión al resto de idiomas oficiales de la UE pero no a la inversa, lo que se conoce como interpretación pasiva.

El Comité de las Regiones pasa semestralmente a España la factura con los costes "directos e indirectos" de esta interpretación, que el Gobierno debe abonar en el plazo de un mes.