• La abogada especializada en derecho inmobiliario y socia del despacho Círculo Legal Barcelona, Arantxa Goenaga, analiza la nueva Ley de Vivienda y pone en duda su efectividad, al considerar que va a expulsar a los propietarios del mercado del alquiler.
• “Las personas alquilan buscando rentabilidad, y si esta se disminuye, acabarás poniendo tu propiedad en venta o dejándola cerrada; van a provocar que los inversores que podían venir a España, al contar ésta con un mercado inmobiliario muy atractivo, se marchen”, advierte Goenaga.

Después de años de negociaciones con las diferentes fuerzas políticas, el Gobierno de España ha conseguido los apoyos necesarios para sacar adelante la nueva Ley de Vivienda, la cual, advierten desde el despacho Círculo Legal Barcelona, va a suponer “una fuente de conflictos”.

La abogada y socia del despacho, Arantxa Goenaga, señala la poca consideración que tienen la mayoría de las medidas anunciadas con los propietarios. “Las personas alquilan buscando rentabilidad, y si esta se disminuye, acabarás poniendo tu propiedad en venta o dejándola cerrada”, comenta, y añade, “van a provocar que los inversores que podían venir a España, al contar ésta con un mercado inmobiliario muy atractivo, se marchen”.

Algunos de los aspectos puestos a debate son el de la limitación de los precios de los alquileres, la falta de incentivos fiscales para los propietarios que ven limitados sus derechos al imponérseles un precio, la obligación de ofrecer alquileres sociales o el pago de los honorarios de la inmobiliaria, que ahora correrán a cargo exclusivamente del propietario.

En el caso de las reformas, la abogada encuentra esta decisión “contradictoria”, ya que por un lado se está fomentando desde Europa mejorar la calidad y eficiencia energética de los edificios, pero por otro lado en la presente ley no incentivar la modernización de un envejecido parque de viviendas, todo lo contrario. Y tampoco tiene sentido la limitación de la actualización de la rena del 2% que la cataloga de “locura”, al no considerar el Ejecutivo que los propietarios también sufren los efectos de la inflación.

En relación a una posible intervención del Tribunal Constitucional sobre el texto definitivo, Goenaga recuerda la conflictividad de algunas medidas con la libertad de mercado y la propiedad privada.

“La propiedad tiene una función social, pero la deben garantizar los poderes públicos y no los particulares. Ese es el problema de fondo, si la propiedad privada se ve afectada, se deberá pronunciar el Constitucional o, incluso, en caso de conflicto, Europa”, sentencia.