La serie What if...?, disponible desde el mes de agosto, recoge situaciones que se podrían haber dado para el caso de haberse adoptado decisiones diferentes a las tomadas en momentos específicos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Precisamente, el Vigilante, que es el narrador de esas historias, afirma en la presentación de la trama que: “El tiempo. El espacio. La realidad. Es más que un sendero lineal. Es un prisma de infinitas posibilidades, donde una sola elección puede ramificarse en infinitas realidades y crear mundos alternos a los que ya conoces”.

Con la lógica aplicada en esa serie que recoge escenarios bastante épicos por lo general, Francesco Arcuri se preguntaba qué le habría pasado si hubiera sido español y residente en España y manifestaba que, dada la fuerza mediática adquirida por la madre de sus hijos de cara al conflicto, le haría esperado lo peor. No obstante, de manera más incisiva se podría inferir lo que habría ocurrido en una dimensión paralela si Juana Rivas hubiera sido Juan Rivas, un hombre que, considerándose víctima de su esposa, hubiera sustraído a sus hijos afirmando que estaba dispuesto a desobedecer resoluciones judiciales para protegerlos de un peligro cuya existencia no ha llegado a ser acreditada en modo alguno. Para ello, conviene recordar el relato judicial de hechos probados que se recoge en la Sentencia del Juzgado de lo Penal nº1 de Granada 257/2018, que declara que: “A la vez, la acusada toma parte en una campaña mediática, con rueda de prensa incluida, al frente de la cual, aparece una tal Francisca Granados Gámez, quién adoptó la función de portavoz y asesora legal de Juana, llegando a manifestar el 25 de julio que los menores no habían sido entregados, al mismo tiempo que ese día Juana también concede una entrevista a la cadena SER donde expone su oposición a la entrega; Esa negativa a atender el requerimiento de 24 de julio, fue apoyada con una petición de nulidad de las actuaciones de ejecución llevadas a cabo por el juzgado de Primera Instancia 3, pero el 9 de agosto de 2017, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Granada desestimó el incidente y volvió a recordar a la acusada la obligación que pesaba sobre ella de restituir inmediatamente a los menores; En estas circunstancias, el 26 de julio de 2017, Juana Rivas Gómez decide ocultarse en compañía de los dos menores en lugar desconocido para todas las autoridades y agentes intervinientes, quienes trataron de localizarlos en diversos domicilios de familiares y allegados, sin conseguirlo, motivando que Francesco Arcuri interpusiera denuncia por desaparición de los niños. El Juzgado de Instrucción nº 2 de Granada, que tramitó la causa, ordenó nuevamente la inmediata entrega de los dos, que finalmente tuvo lugar el 28 de agosto de 2017, cuando la acusada compareció asistida de ellos a la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, donde los menores fueron entregados a Francesco Arcuri, bajo llantos al principio por no querer separarse de la madre, si bien estos cesaron cuando empezaron a tomar contacto con el padre; Salvo el episodio de malos tratos ocurrido en 2009, no se ha acreditado ningún otro posterior”. Esos hechos probados no sufrieron modificaciones sustanciales posteriormente, llegándose a resolver por la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril de 2021 cuestiones jurídicas relevantes con criterios que terminaron decantando la balanza a favor de la condena a Juana Rivas.

Antes del inicio del proceso penal contra Juana Rivas, hubo importantes sectores del feminismo que, encabezados por Irene Montero, lucharon por deslegitimar la resolución judicial que ordenaba a Juana Rivas dejar a sus hijos menores en Italia con su padre, Francesco Arcuri, como se llega a indicar en la . Todo ello llevó a que el día 17 de noviembre se publicara en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1024/2021, de 16 de noviembre, por el que se indulta a doña Juana Rivas Gómez, por el que se llega a conmutar a Juana Rivas Gómez la pena privativa de libertad impuesta por otra de un año y tres meses de prisión, y la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad respecto de sus hijos por la pena de ciento ochenta días de trabajos en beneficio de la comunidad, a condición de que no cometa el mismo delito por el que fue condenada en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto referido.

Si los actos de Juana Rivas se hubieran cometido por Juan Rivas, no habría existido apoyo popular ni el respaldo de ministros por la sustracción internacional de menores, no se habría dado fuerza pública alguna a las numerosas denuncias por violencia de género que carecieron de relevancia en Italia y no se habría concedido un indulto que se ha asumido como aceptable por la opinión pública en general, a pesar de que el mismo, por las circunstancias en las que se ha producido, supone un claro cuestionamiento de la Justicia española, en la que se confirmó plenamente la condena impuesta a Juana Rivas, y, además, de la Justicia italiana, que jamás amparó unas pretensiones de naturaleza penal que solamente se pudieron mantener con vida en la calle, gracias a las turbas populares.

Con el indulto a Juana Rivas se demuestra una vez más el daño que la actual configuración del indulto le causa a la seguridad jurídica, pues facilita el debilitamiento del revestimiento jurídico que caracteriza a las resoluciones judiciales, que deben cumplirse a tenor de lo dispuesto en los artículos 117.3 y 118 de la Constitución. Ya se pudo ver un ejemplo reciente con el caso de una madre que se llevó a sus dos hijos menores sin el consentimiento de su padre y que, probablemente, tenía la esperanza de conseguir el mismo tratamiento que recibió Juana Rivas, que no fue precisamente merecedora de privilegio alguno a la luz de algunos datos conocidos recientemente.