Madrid, 21 dic (EFECOM).- El Consejo de Economistas (CGE) ha propuesto este jueves poner en marcha incentivos fiscales para la promoción y compra de viviendas eficientes desde el punto de vista energético y aplicar el tipo superreducido de IVA para la compra de inmuebles destinados al alquiler.

El Consejo ha presentado una Guía sobre la tributación de la propiedad y el alquiler de vivienda, en el que apunta a los "elevados" costes fiscales de la promoción de vivienda y la tenencia de inmuebles como una de las causas que lastran en los últimos meses el mercado inmobiliario.

La guía incluye un ejemplo práctico que demuestra que la venta de vivienda nueva está sujeta a "multitud de tributos", que implican una carga que ronda el 8,8 % del coste total para el promotor y el 10 % para el comprador.

Además del coste económico -que se ha elevado especialmente en el caso del impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD)-, la obligación de pagar estos tributos conlleva una elevada carga burocrática, apuntan los economistas, ya que implica numerosos procedimientos ante distintas administraciones.

La guía incluye un segundo supuesto práctico sobre la propiedad de una segunda residencia, cuyo coste fiscal anual puede superar los 1.300 euros e incurrir en doble imposición, ya que su propietario tiene que pagar el impuesto de bienes inmuebles, declarar la renta presunta en el IRPF y, en su caso, el impuesto de patrimonio o de grandes fortunas.

Por lo que respecta al alquiler, los economistas advierten de que la no deducibilidad del IVA en el caso de los promotores puede desincentivar la actividad, y de que las deducciones previstas en la ley de vivienda pueden caer "en saco roto", ya que se limitan a zonas tensionadas cuya definición depende de las comunidades autónomas.

Ante esta problemática, los economistas proponen crear incentivos fiscales para la promoción y compra de viviendas eficientes, aplicar el tipo superreducido de IVA para la compra de vivienda destinada al alquiler, limitar la tributación del AJD y revisar los requisitos exigidos para que una obra se considere rehabilitación.