Madrid, 31 dic (EFECOM).- A partir de este 1 de enero comienza a regir en España, de forma pionera en toda la Unión Europea (UE), el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, que recaerá sobre toda la industria con un tipo impositivo de 0,45 euros por cada kilogramo de este material que fabrique o adquiera.

Se trata de una de las medidas fiscales que más han dado que hablar en los últimos meses, impulsada por el Gobierno para incentivar la economía circular y que depende de la ley de residuos y suelos contaminados aprobada el pasado mes de abril.

Su aplicación se produce apenas unos días después de que el Gobierno haya aprobado para su desarrollo el real decreto de envases y residuos de envases, que se deriva de la misma ley, y que tiene como objetivo lograr para 2030 una reducción del 20 % de las botellas de plástico de un solo uso respecto a los niveles actuales.

La patronal del sector, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), estima que todas estas normativas, en total, pueden tener un impacto de alrededor de 7.000 millones de euros y amenazan la supervivencia de 2.400 empresas y más de 25.000 empleos.

Para julio de 2024 quedará la entrada en vigor de la normativa europea que obliga a los fabricantes de envases con tapón a que este vaya unido al cuerpo para facilitar el reciclaje.

IMPUESTO AL PLÁSTICO

En lo que respecta al impuesto al plástico, la FIAB estima que el tributo tendrá un impacto de 690 millones de euros en las empresas.

La industria se ha manifestado en contra de este tributo argumentando que perjudicará a las empresas, muy castigadas ya con los altos tipos de interés y unos mayores costes de producción, pero también a las familias, que verán repercutido el coste de la medida en la cesta de la compra.

Las diferentes organizaciones del sector han pedido en múltiples ocasiones una moratoria de al menos un año en la aplicación de este impuesto, sin que, de momento, su clamor haya sido escuchado.

Bruselas creó en 2020 una nueva categoría de recursos propios de la Unión basada en contribuciones nacionales calculadas en función de los envases de plástico que no se reciclen; así, cada país tiene que pagar 0,8 euros por kilo de residuo que no se recicle.

A partir de ahí, cada Estado miembro ha ido implementando diferentes medidas, en algunos casos también impositivas, pero que aún no han entrado en vigor, lo que deja a España como el único país de la UE que aplica un impuesto de esta naturaleza.

REAL DECRETO DE ENVASES

Al margen de esta medida fiscal, España acaba de culminar la adaptación de su normativa de residuos de envases a las exigencias de la UE, con la aprobación esta misma semana del real decreto de envases y residuos de envases.

Esta norma obliga a la industria reducir las botellas de plástico de un solo uso, fomentar la venta a granel de alimentos o aumentar los envases reutilizables para impulsar la economía circular.

La FIAB ha indicado que este decreto supondrá inversiones de más de 6.000 millones de euros en la próxima década para poder adaptarse a los nuevos objetivos y al cumplimiento de "una responsabilidad ampliada del productor llevada a máximos".

La directora de Competitividad y Sostenibilidad de la patronal, Paloma Sánchez Pello, ha señalado que se trata de una inversión "inasumible" para algunos segmentos y una amenaza a la competitividad de muchas empresas, la mayoría pymes, y al empleo que generan.

En virtud de este real decreto, los productores que se vean afectados asumirán el coste total de la gestión de los residuos de envases bajo un régimen de responsabilidad ampliada.

Los comercios minoristas de alimentación cuya superficie sea igual o mayor a 400 metros cuadrados tendrán que destinar al menos el 20 % de su área de ventas a la oferta de productos presentados sin embalaje primario, incluida la venta a granel o mediante envases reutilizables.

Se establecerá también una bonificación para el productor cuando el producto cumpla criterios de eficiencia, o una penalización cuando incumpla estos criterios.

No obstante, la FIAB ha valorado que algunos aspectos de la normativa se hayan flexibilizado respecto al texto original, una opinión que comparte Aurelio del Pino, el presidente de la patronal de supermercados ACES, que engloba Eroski, Alacampo, Carrefour y Supercor.