• La Fundación Impuestos y Competitividad sugiere revertir algunos cambios en el gravamen a las empresas tras la salida de la crisis económica y buscar una armonización “moderada” con los estándares de la UE, evitando perjudicar la competitividad de nuestras empresas con soluciones de máximos.
• De cara al futuro, sugiere buscar soluciones de amplio respaldo internacional, sopesando los riesgos de las medidas unilaterales.

La Fundación Impuestos y Competitividad ha publicado su último trabajo, titulado “Imposición sobre el beneficio empresarial: evolución reciente, perspectivas de futuro”, en el que se analizan los recientes cambios del impuesto de sociedades, así como su posible desarrollo en los próximos años

Jesús Gascón Catalá, director de la AEAT, ha presidido el acto, celebrado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. En su intervención, Gascón ha resaltado el incremento de la recaudación a través de este impuesto el año pasado, un 7,3% más que en 2017, y anunció que en 2019 el dato de crecimiento seguirá siendo positivo. Aun así, el porcentaje del Impuesto sobre Sociedades en España supone un 2,3% del PIB, frente a la media de los países de la UE que se sitúa en el 2,7%. El director de la AEAT también incidió en la dificultad de llegar a acuerdos internacionales para la redefinición del impuesto, debido a la inevitable tendencia a mantener la competencia entre los distintos Estados. Asimismo, apuntó que la globalización demanda nuevas soluciones en materia de gestión del Impuesto por tratarse de un tributo regido y aplicado por administraciones nacionales, que contrastan con el carácter multinacional de las empresas, sugiriendo APAS bilaterales o multilaterales o actuaciones de comprobación inspectora conjunta; así como un esfuerzo de las empresas en materia de transparencia en línea con el proyecto ICAP o la DAC 6, que debería servir para redefinir la gobernanza fiscal de las multinacionales 

El estudio, coordinado por Deloitte Legal, resalta que la crisis económica de 2007 y la búsqueda de soluciones para la consolidación fiscal tuvo notable protagonismo en la regulación del Impuesto sobre Sociedades y muchas de las novedades introducidas en sus normas. La mejora de la situación económica de nuestro país no ha variado la vigencia de estas modificaciones, a pesar de que algunas se anunciaron con un matiz de provisionalidad.

Estructurado en tres grandes bloques, el primero de ellos echa la vista atrás para analizar los datos estadísticos de recaudación de la figura, la relación entre el beneficio contable y la cuantificación del impuesto y la evolución de su regulación desde la óptica de los principios constitucionales. La segunda parte del trabajo aborda aspectos del régimen vigente como las claves de su actual regulación y sugiere medidas de mejora de la misma. En particular a los aspectos de la normativa del Impuesto sobre Sociedades que, afectados por las Directivas Europeas ATAD 1 y ATAD 2,- de armonización de las medidas derivadas del Plan BEPS en el ámbito de la UE -, están sujetos a las exigencias de una posible transposición. La tercera parte incluye las propuestas a futuro sobre el gravamen de la actividad empresarial procedentes de la OCDE, la Unión Europea y las medidas ya aprobadas por distintos Estados o las de respaldo eminentemente doctrinal.

El acto, celebrado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, fue inaugurado por Ana Sánchez Lamelas, subdirectora del centro, y se estructuró en dos mesas de debate, moderadas por Ignacio García Alonso y José Manuel Bunes de Ibarra, de Deloitte Legal. La primera mesa estuvo formada por Ignacio Ucelay (Baker Mckenzie), Juan Zornoza (Universidad Carlos III), Iñigo Alonso Salcedo (EY Abogados) e Ignacio Quintana (PWC Tax & Legal). La segunda mesa contó con Silvia López Ribas (DG de Tributos/ MINHAC), Eduardo Sanz Gadea (Inspector de Hacienda), Juan López Rodríguez (TAXUD) y  José Ignacio Box (Deloitte Legal).

Este trabajo se ha desarrollado con la ayuda de las Fundaciones de la Asociación Española de Banca (AEB),  de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) y de las Cajas de Ahorro; con las que se suscribieron sendos Convenios de Colaboración.

El patronato de la Fundación Impuestos y Competitividad está formado por Baker Mckenzie, Cuatrecasas, Deloitte Legal, EY Abogados, Garrigues, KPMG Abogados, PWC Tax & Legal y Uría Menéndez.