La Declaración de València sobre los neuroderechos tiene por objetivo que se incluyan los siguientes derechos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que celebra este año su 75 aniversario: derecho a la privacidad mental, a la identidad personal, al libre albedrío, al acceso justo al aumento mental y a la protección contra el sesgo.

El Consell Valencià de Cultura, quien impulsa esta declaración, considera de suma importancia que el Colegio de Abogados de Valencia asuma la Declaración, porque tan importantes como son las consideraciones éticas y científicas en esta cuestión, lo son las jurídicas y legales. 

Esta tarde el decano del ICAV, José Soriano, acompañado de Yolanda Sánchez y Salvador Silvestre, diputada 4ª y 9º de la Junta de gobierno, respectivamente, junto al presidente de la Sección de Derecho Digital y Legaltech del ICAV, Eduard Chaveli; han asistido a la firma de esta importante declaración en el CVC, donde han sido recibidos por su presidenta, Dolors Pedrós, el secretario de la institución, Jesús Huguet, y las consejeras Ana Noguera y Pepa Frau, miembros de la Comisión Jurídica de la institución de la cual surgió la iniciativa.

La Declaración de València fue presentada hace unas semanas en un gran acto público, al que asistieron varios colectivos de científicos, entre los que se encuentran Rafael Yuste, uno de los creadores de BRAIN Foundation y de NeuroRights Foundation, instituciones, universidades, el Ministerio de Ciencia e innovación encabezado por la ministra Diana Morant y la Generalitat, con el presidente Ximo Puig al frente.

José Soriano ha firmado la Declaración de València en nombre del Colegio y posteriormente ha firmado también en el Libro de Honor de la institución.

La Declaración de València insiste en que las innovaciones neurocientíficas son un bien público por lo que deben ser consideradas de interés general, y que ante los usos comerciales y privatizadores que pueden contribuir a acrecentar la desigualdad entre las personas, estos cinco principios se tendrían que incluir en la Carta de los Derechos Humanos, en un marco legal general que tendría que ayudar al uso de las neurotecnologías desde los principios de justicia, igualdad de acceso y derechos personales y de privacidad.