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  • En 2020, el sistema español tenía pendiente la resolución de 18.000 solicitudes de protección internacional, correspondientes a menores de diecisiete años, según datos de Save the Children.
  • El pasado año llegaron a España 2.375 menores extranjeros no acompañados, según datos del Defensor del Pueblo

El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia ha acogido uno de los cursos enmarcados en el ‘Plan de formación para profesionales que intervienen en el ámbito de la infancia y adolescencia’ de la Comunitat Valenciana, en esta ocasión, centrado en los refugiados y el asilo de menores migrantes sin referentes familiares.

La inauguración del curso ha sido a cargo de la diputada 11ª de la Junta de gobierno del colegio, Trinidad Piquer, quien ha estado acompañada de Angelina Ferrándiz, presidenta de la sección de Extranjería y Derechos Humanos del ICAV y Ángel Herráiz, presidente de la sección de Infancia y Adolescencia del colegio y coordinadores del curso.

En su discurso de apertura, Trinidad Piquer ha incidido en la importancia de llevar a cabo cursos interdisciplinares como este, de modo que “todos los profesionales que intervengan con la infancia migrante adquieran una visión tanto legislativa como administrativa por parte de la abogacía”. Además, ha expuesto que “para la abogacía es fundamental transmitir al resto de colegios profesionales que los niños y adolescentes no acompañados, sin referentes, están tutelados, y por lo tanto, se deben adoptar medidas administrativas”.

 

 

Las claves de la protección internacional de menores migrantes

Posteriormente se ha dado paso a la primera ponencia de Paloma Favieres, técnica del área de Migraciones e Igualdad de Trato de la oficina del Defensor del Pueblo, quien ha centrado su intervención en el papel que posee la institución del Defensor del Pueblo en los procedimientos de protección internacional de los menores migrantes, así como los problemas a los que se enfrentan cada día.

Ha comenzado su ponencia con el alarmante dato de que “en 2022 llegaron a España 2.375 menores extranjeros no acompañados por vía marítima u otras embarcaciones frágiles, de los que tan solo 741 afirmaban tener una vinculación paterno-filial con el adulto que les acompaña”. Ante esta situación, el sistema de nuestro país “debe ser capaz de dar respuesta y garantizar los procedimientos adecuados para proteger al menor migrante”.

Sin embargo, actualmente nos encontramos ante la “falta de recursos especializados y específicos para niños y niñas solicitantes de protección internacional, y numerosas dificultades para acceder a dicho procedimiento”, ha declarado Favieres. Así mismo, se ha dirigido a los letrados asistentes para que estos tengan en cuenta que “son el último eslabón de todo el procedimiento de protección internacional de los menores, pero también uno de los más clave. Dependerá del abogado poder avanzar en el proceso, garantizando en primer lugar la protección y necesidades del menor”, ha concluido.

Tras la intervención de Paloma Favieres, los asistentes a la jornada han tenido la oportunidad de escuchar el relato de Mbaye, una persona migrante procedente de Senegal, que ha relatado toda su historia, desde la salida forzada de su país a los dieciséis años y su llegada a Canarias en patera, hasta lo que ha conseguido a día de hoy, ser educador social y fundador de una ONG que aúna sus esfuerzos en proteger y apoyar a las personas migrantes que llegan a España.

Ha concluido la jornada Yohara Quílez, técnico de Incidencia Política y Social en la sede territorial de la Fundación Save the Children en la Comunitat Valenciana. Yohara ha realizado un recorrido por el marco jurídico y normativo que regula la situación de los niños, niñas y adolescentes refugiados en nuestro país. En este sentido, Yohara ha denunciado que, según Save the Children “Uno de cada cinco niños migrantes se encuentra en situación irregular, y la mitad de esta población tiene menos de diez años”. Además, “en 2020, el sistema español tenía pendiente la resolución de cerca de 104.000 solicitudes de protección internacional, de las que 18.000 corresponden a menores de diecisiete años”.

Posteriormente, ha centrado su intervención en los procedimientos de protección internacional, tanto de los menores, como de las personas adultas que los acompañan. Además, ha puesto sobre la mesa los supuestos y las problemáticas a las que se enfrenta el sistema cuando el menor viaja solo, y cómo abordar este proceso.




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