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El Colegio de Abogados se une al llamamiento realizado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia para que el ministerio que dirige Rafael Catalá Polo cubra con urgencia, es decir, a la mayor brevedad posible, el déficit de plantilla que desde hace varias semanas padece el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Palma y que ha llevado al TSJIB a acordar la suspensión temporal del reparto de guardias a dicho juzgado

A juicio del decano Martín Aleñar, el acuerdo adoptado por el TSJIB es un claro ejemplo de la situación “casi desesperada” a la que algunos juzgados y tribunales se ven abocados por la falta de medios humanos, técnicos y materiales.

“Una situación y unas carencias especialmente graves en una comunidad que, por desgracia, en 2017 volvió a liderar la tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres”, ha añadido el decano. En este sentido se ha de recordar que el pasado año, dicha ratio se situó en las Islas en 95,6, muy por encima de la media nacional, que fue de 66,6. Los órganos judiciales con competencias en Violencia sobre la Mujer en Baleares registraron en 2017 un total de 5.412 denuncias por violencia de género, lo que supone una media de casi quince denuncias diarias.

Precisamente es la “grave situación” por la que atraviesa el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Palma como consecuencia de la falta de funcionarios lo que ha motivado el acuerdo de suspensión temporal de reparto adoptado ayer por la Sala de Gobierno del TSJIB. La medida se acuerda en espera de que el juzgado número 1 “cuente en plazo razonable con una plantilla suficiente para afrontar su guardia” y, en todo caso, por plazo máximo de un mes.

Desde el TSJIB han precisado que la suspensión acordada afecta únicamente a las guardias, que pasarán a tramitarse en el Juzgado de Violencia número 2, y no al reparto de los asuntos ordinarios.

 




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