Abogados, jueces, procuradores, graduados sociales y funcionarios de justicia denuncian la situación de dispersión y el mal estado de las sedes judiciales que sufre Granada en una rueda de prensa conjunta en la que han reclamado a los poderes públicos que lleven a cabo un proyecto de reordenación definitivo que, en el periodo de dos años, permita generar un cambio sustancial que redunde en beneficio de este servicio público.
En este sentido, el presidente de la Audiencia Provincial, José Luis López Fuentes, ha explicado que los profesionales jurídicos demandan una “urgente actuación” que pase por la reforma y acondicionamiento de las tres plantas pendientes del edificio de los juzgados de La Caleta –en fase de licitación- y la integración del edificio de la Delegación de Salud contiguo en estas instalaciones, de manera que los juzgados unipersonales de Plaza Nueva puedan trasladarse íntegramente en este punto. De este modo se posibilitaría que la Audiencia Provincial -ahora dividida en dos sedes- se unificara frente a la Real Chancillería, sede del TSJA, y la ubicación de la Fiscalía Provincial junto a la Fiscalía Superior de Andalucía en el antiguo Banco de España, un edificio que solo está ocupado al 25 o 30% de su capacidad sin que se sepa cuándo la Junta va a acometer las actuaciones necesarias.
“Si la Caleta no se soluciona reventará en un año por las dificultades que tiene impartir justicia allí”, ha incidido el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres. Por ello, todos los operadores jurídicos han reclamado que Granada cuente con espacios bien dotados y adecuados a su condición de capital judicial andaluza. “No solo pedimos la reestructuración física de los juzgados, sino también una dotación que facilite la prestación de un buen servicio al ciudadano”, ha apostillado el juez decano, Jesús Rodríguez Alcázar, para quien sus demandas con “razonables desde el punto de vista económico de plazos si hay voluntad política”. “Que no haya un servicio de atención al ciudadano en las sedes es solo un situación que pasa en Granada”, ha lamentado López Fuentes.
“Este plazo de dos años es el que consideramos razonable no para implantar una pequeña reforma, sino para un solución completa”, recoge el comunicado suscrito por Audiencia Provincial, Fiscalía Provincial, Colegio de Abogados, Decanato de Juzgados, Colegio de Procuradores, Colegio de Graduados Sociales y Junta de personal y remitido a la Consejería de Justicia y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Por otro lado, Torres ha aprovechado esta reunión de los profesionales jurídicos para insistir en la reivindicación de que Granada acoja las futuras sedes de apelación penal por razones cuantitativas, cualitativas, geográficas y territoriales, una petición que ha sido respaldada por el resto de representantes de los profesionales de la justicia presentes para que tanto la Sala de Gobierno del TSJA, como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Ministros –competente para adoptar una decisión- se pronuncien en este sentido. “Llevarse las sedes a Málaga y Sevilla es una merma y un daño irreparable para la capitalidad judicial”, indicó López Fuentes, quien rechazó los argumentos de asistencia al ciudadano para el traslado de las secciones fuera de Granada pues “no va a tener que venir el ciudadano y, en muy pocos casos los profesionales a las vistas, porque en la mayoría de ocasiones lo que llegará será el recurso en papel”.
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