Los presupuestos del Colegio de Abogados de Granada para el año 2018 han contado con un amplio respaldo de la mayoría de los letrados que han asistido esta mañana a la Junta General Ordinaria, convocada por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el pasado 29 de noviembre. De este modo, las cuentas colegiales para el próximo ejercicio han sido aprobadas por 51 votos a favor y 27 en contra.
Los presupuestos presentados por la Junta de Gobierno prevén un nivel de ingresos y gastos de 7.287.282,92 euros, un 2,05% de incremento respecto al importe de 7.140.700,42 euros aprobado para el ejercicio 2017, cuando se aplicó una reducción del 15,91% en relación con el año 2016. “Son una presupuestos de moderación y contención, de prudencia en el gasto, y me siento muy satisfecho de su aprobación porque esto supone que en el año 2018 el Colegio va a tener una rodadura económica igual de bueno que este y terminaremos el año con buenos resultados”, ha señalado el decano, Eduardo Torres. Se trata, por tanto, de unas cuentas colegiales que, si bien reflejan una ligera mejora económica, continúan con la política de control del gasto de los últimos años, prestando especial atención a la actualización tecnológica de la institución y el mantenimiento de las cuotas colegiales, según ha apuntado la tesorera del Colegio, Aurora Rubiño, quien ha destacado que, además, “el margen de votos a favor tiene una buena solvencia”.
En este sentido, cabe destacar la disposición de 78.000 euros de los excedentes de Tesorería generados en los ejercicios anteriores para la sustitución en 2018 de las actuales aplicaciones de gestión de todos los departamentos del Colegio por una nueva y completa herramienta adaptada al entorno de web privada, y base de la futura sede electrónica de los servicios de la entidad, como continuación del ambicioso proyecto de renovación e innovación tecnológica de la Abogacía granadina puesto en marcha en 2016. El objetivo final es la creación de una completa y eficiente plataforma digital, denominada E-COLEGIO, que gestione de forma segura, eficiente y deslocalizada las distintas áreas administrativas internas del Colegio así como sus relaciones y servicios ofertados a los colegiados, administraciones públicas y ciudadanos.
Respecto a las cuotas colegiales, el Colegio congela los importes en todas sus variantes para el próximo año, después de la bajada lineal aplicada el pasado ejercicio de 2,82 euros mensuales, manteniendo también la cuota mensual del seguro de responsabilidad civil, que se elevó en 2017, si bien se financió con cargo de excedente de Tesorería históricamente generado.
Por su parte, los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita recogen una previsión de gasto de 4.517.030.25 euros, registrando un incremento en 2018 del 5% en los módulos y bases de compensación económica del Turno de Oficio, tras la subida del 5% de 2017 en este punto y del 10% aplicado a la Asistencia Letrada al Detenido el año pasado, de modo que en este nuevo ejercicio se recuperarán los baremos detraídos en 2012.
Entre otras novedades, las cuentas colegiales incorporan una partida de 1.200 euros para realizar una auditoría de cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos e implantar las medidas y documentos, a tenor de la aprobación del nuevo Reglamento que se aplicará a partir del próximo 25 de mayo, y la consecuente contratación de una póliza de seguros de ciberriesgos por valor de 1.600 euros con la que dar cobertura a los requisitos de la reciente normativa, entre otros aspectos.
Asimismo, el presupuesto 2018 incluye un aumento de la partida destinada Actos Corporativos con la que hacer frente a la renovación completa de la Junta de Gobierno que tendrá lugar a finales de año y destina un importe de 9.000 euros para la culminación de la reforma y acondicionamiento de la nueva sede de Motril, que comenzará a funcionar en los próximos meses. También se eleva en 1.000 euros el presupuesto destinado al Coro colegial, tras ser aprobada una enmienda por los colegiados asistentes a la Junta.
Por el contrario, se elimina la partida de 18.000 euros prevista en 2017 para la contratación de un call center, al descartar su aplicabilidad práctica; así como la del programa Ícaro de formación de estudiantes de la UGR (dotado en 2017 con 3.000 euros) y el gasto en Compliance (de 4.000 euros), que será facilitado sin coste para el Colegio por una empresa externa, gracias al convenio establecido por el Consejo General de la Abogacía Española al que se ha adherido la institución granadina. También se establece una previsión de reducción de los gastos en servicios y suministros exteriores, como resultado de las medidas de ahorro y eficiencia desarrolladas en los anteriores ejercicios, mientras que se aplicará un incremento salarial del 1,7%, conforme a lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Granada 2011/2015.
Se mantiene también el presupuesto asignado a la Oficina de Intermediación Hipotecaria puesta en marcha con el Ayuntamiento de la ciudad, aunque se elimina el servicio conveniado con Diputación al disminuir considerablemente el número de asuntos tramitados en los últimos años.
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