La actividad cultural se configura como un potente motor económico de Granada, especialmente en el ámbito musical, del que es considerada Capital Nacional, o de las Letras, siendo nombrada Ciudad Mundial de la Literatura por la UNESCO. Como consecuencia, el tejido cultural de la provincia está conformado por numerosos artistas que se enfrentan en su día a día a constantes retos legales, agravados además tras la pandemia.

Ante este escenario, el Colegio de Abogados de Granada ha creado un nuevo Grupo Especializado en Derecho de la Cultura, con el objetivo de promover la reflexión y formación del censo colegial sobre el marco normativo en que se desenvuelve la cultura, tanto en España como en el ámbito europeo, promoviendo así que se preste un asesoramiento jurídico cualificado a todos aquellos profesionales involucrados en este sector. Impulsado por un grupo de abogados y abogadas con una sólida y amplia formación y experiencia en el ejercicio del Derecho de la Cultura, la novedosa agrupación ofrecerá al colectivo una visión actualizada de esta rama jurídica, incentivará la especialización y el conocimiento de este sector y proporcionará soporte legal sobre futuras modificaciones legislativas, posibilitando que la abogacía granaína se sitúe al nivel de otros colegios, como el de Madrid -que ya cuenta con un grupo especializado en esta materia-, y enriqueciendo el potencial de desarrollo socioeconómico de Granada en el plano cultural.

“Los asuntos de Derecho de la Cultura constituyen un sistema jurídico propio y global que necesita de respuestas específicas y especializadas a la problemática que el sector presenta y que es normalmente desconocida en otros ámbitos”, explica la presidenta de la recién creada agrupación, Patricia Bueso Izquierdo, quien también resalta que “el Derecho a la Cultura es un derecho fundamental contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, como tal, debe ser especialmente protegido y reivindicado”. Junto a ella, la Junta Directiva queda conformada, a su vez, por ocho integrantes que han trabajado en el sector musical, escénico y literario, entre otros, tanto en instituciones culturales públicas, como privadas. Se trata de Belén Ceres Ferrer, como vicepresidenta; Sergio Berbel Leyva, secretario; Miguel Ángel Haro González, tesorero; Sara González Fuertes, bibliotecaria; y Gloria María Cerezo González, Antonio Folgoso Olmo, Ricardo Cayetano Martínez Rodríguez, Juan Alberto Martínez Yáñez y Álvaro Luis Blázquez Gil, como vocales 1ª, 2º, 3º, 4º y 5º, respectivamente.

El nuevo equipo gestor ya está trabajando en su plan de actuación para esta primera legislatura, en el que abordará materias como la Propiedad Intelectual e Industrial, la contratación de artistas y creadores y el régimen laboral, fiscal y mercantil de estos profesionales, las nuevas realidades jurídicas en torno al fenómeno de los festivales de música, la regulación del merchandising y patrocinios, los contratos editoriales, audiovisuales o musicales o aspectos legales en relación con el Arte y el Patrimonio, entre otros temas. “Debe tenerse en cuenta que la figura del artista no puede abordarse desde un limitado punto de vista, por lo que la única solución frente a esto es optar por una perspectiva integral, holística y de género, que hasta la fecha no existía y que es la que propone este Grupo a fin de que la cultura deje de ser la gran olvidada en el sector legal”, añade Bueso Izquierdo.

Junto a estos objetivos, el nuevo Grupo de Derecho de la Cultura -que ya cuenta con 74 miembros adscritos- también tiene entre sus fines estatutarios estudiar y buscar soluciones a los problemas profesionales específicos de la abogacía en este campo del Derecho; impulsar la formación jurídica en esta materia y dar a conocer las novedades legislativas y jurisprudenciales que se produzcan; estudiar la legislación y jurisprudencia local, autonómica, estatal, europea e internacional relativa a este ámbito jurídico, promoviendo la difusión y publicidad de cuantos estudios o actividades realice el grupo; fomentar la participación de sus miembros en la vida colegial; colaborar con los órganos de gobierno del Colegio de Abogados y participar en la vida corporativa; mantener contactos con grupos o secciones de Derecho de la Cultura, así como con otras instituciones que tengan objetivos similares, para el desarrollo de sus actividades; participar en la ordenación de las relaciones profesionales con la Administración y con los usuarios de los servicios profesionales; y colaborar en la elaboración del fondo editorial en el seno de la Biblioteca del Colegio.

Con esta nueva incorporación, la red formativa del Colegio de Abogados de Granada cuenta ya con cerca de una treintena de grupos especializados con los que la Corporación facilita una formación específica y de calidad en diferentes sectores del Derecho.