Con ocasión de las próximas elecciones Generales previstas para el domingo 10 de noviembre, el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha celebrado hoy un debate con representantes de diferentes partidos políticos con el fin de analizar sus programas electorales en materia de justicia.
La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Mª Eugènia Gay, ha moderado el debate en el que han participado Carina Mejías, candidata número 4 por la circunscripción de Barcelona del Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's); Mercè Perea, candidata número 3 por la circunscripción de Barcelona del Grupo Parlamentario Socialista (PSC); Carolina Telechea, abogada y número 2 por la circunscripción de Barcelona del Grupo Parlamentario Republicano Esquerra de Catalunya Sobiranistes (ERC); Manuel Reyes, candidato número 3 por la circunscripción de Barcelona del Grupo Parlamentario del Partido Popular de Cataluña (PP); Joan Comorera, abogado y candidato al Senado por Barcelona del Grupo Parlamentario Cataluña En Comú Podem; Jaume Alonso-Cuevillas, candidato número 3 por la circunscripción de Barcelona del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya (JxCAT) y Juan Carlos Segura, abogado y candidato número 3 por la circunscripción de Barcelona de Vox.
En el marco de este acto la decana del Colegio ha entregado a los diferentes representantes de los partidos políticos participantes en este debate el documento de la campaña "15 propuestas para una Justicia Digna", impulsada desde la Abogacía de Barcelona, que incluye las medidas a aplicar de forma urgente en el ámbito de la Justicia y que se pedirán implementar al futuro titular del ministerio de Justicia.
Las 15 propuestas son:
- Por una Ley del Derecho de Defensa que asegure la intervención de la Abogacía como única garantía del acceso pleno y efectivo a la Justicia para toda la ciudadanía.
- Por una Justicia respetuosa con el tiempo de la ciudadanía y de los y las profesionales. Reivindicamos celeridad en los procesos y puntualidad en los señalamientos.
- Por una Justicia que asegure la justa y puntual retribución para los y las profesionales excelentemente cualificados del Turno de Oficio, garantizando el Derecho de Defensa a la ciudadanía.
- Por una Justicia dotada de medios suficientes y complementarios a la Abogacía como traductores, intérpretes y peritos, imprescindibles para garantizar la defensa de los derechos de la ciudadanía.
- Por una Planta Judicial que asegure el acceso a la judicatura de un número de jueces y juezas suficiente a las necesidades de la ciudadanía y equiparado al resto de Europa.
- Por la reorganización de la oficina judicial: un funcionamiento que responda a criterios de eficiencia y eficacia garantizando una respuesta judicial a tiempo.
- Por una Justicia del siglo XXI que dé respuesta a las necesidades de la Abogacía y de la sociedad ante el imparable avance tecnológico.
- Por una Justicia eficiente, sostenible e interconectada en la que la implementación del Expediente Judicial Electrónico sea una realidad accesible a toda la ciudadanía.
- Por una Justicia que avance de acuerdo con el ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas de Agenda 2030 de la ONU. Construyamos una sociedad más libre, igualitaria y justa.
- Por un pacto de Estado por la Justicia con la participación activa de la abogacía.
- Por una Justicia cada vez más sensible y comprometida con los colectivos necesitados de especial protección como los menores y las víctimas de violencia o trata.
- Por una Justicia capaz de juzgar con perspectiva de género.
- Por una justicia abierta a la resolución alternativa de conflictos que palíe la actual congestión y tenga como objetivo el acuerdo entre las partes.
- Por una justicia donde se garantice que todos sus intervinientes disponen de formación continuada, actualizada y especializada.
- Puesta en marcha de una campaña proponiendo 15 medidas concretas dirigidas a los partidos políticos y sus programas de Justicia.
Con esta campaña se ha querido poner de relieve el papel de la Abogacía, que en los últimos años ha trabajado para reivindicar una Administración de Justicia dotada de órganos judiciales suficientes, financiada, moderna, digitalizada y paritaria, para garantizar el Derecho de defensa a toda la ciudadanía.
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