Victoria Ortega ha querido aprovechar su visita a la localidad malagueña, donde ha inaugurado el XIII Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Andalucía, para agradecer y reconocer personalmente tanto al decano, José Manuel González Quintana, como a los abogados del Turno de Oficio su magnífico trabajo para garantizar los derechos de las personas migrantes, a pesar de las dificultades con las que se encontraron.
En noviembre de 2017, llegaron a las costas de Levante y Andalucía decenas de inmigrantes, que fueron internados en la cárcel de Archidona, un lugar no habilitado como Centro de Internamiento y que no se inauguró como prisión hasta el 26 de enero de 2018. En total, llegaron a estar internadas en estas instalaciones penitenciarias, 572 personas, casi todas de origen argelino.
UN TRABAJO ESPLÉNDIDO DE LOS ABOGADOS DE OFICIO
La asistencia jurídica, al igual que otras muchas cosas, tuvo que improvisarse por carecer el centro de Archidona de un sistema previamente organizado. El Colegio de Abogados de Antequera, con un considerable esfuerzo, puso en marcha un Turno de Oficio específico formado por 14 letrados quienes, según consta en el informe del Defensor del Pueblo “hicieron un trabajo espléndido ayudando a que las cosas fueran mejor de lo que estaban siendo.”
Estos letrados han detallado hoy a la presidenta de la Abogacía durante su encuentro las numerosas dificultades con las que se encontraron para realizar su trabajo. Entre otras cosas, han subrayado las demoras para tener acceso a sus clientes, ya que no se respetaron los horarios de visita establecidos; la falta de privacidad y confidencialidad en las entrevistas, pues en todo momento estuvieron presentes los agentes de la policía; o la inadecuación de los lugares en los que se celebraron estas entrevistas, con una mampara entre abogado y cliente, cuando en los CIE se realizan sin separación física entre ambos.
Cuando se produjo el internamiento en las instalaciones de Archidona, la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española denunció esta medida y exigió el traslado de los inmigrantes a un centro no penitenciario para que se garantizaran sus derechos.
La presidenta de la Abogacía ha agradecido el esfuerzo realizado tanto por el Colegio de Antequera como por los 14 abogados del Turno de Oficio específico y ha resaltado que “las personas pueden perder su casa o su trabajo, pero no sus derechos, y siempre debe haber un abogado o una abogada para protegerlos y defenderlos”.
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