Así lo ha asegurado Ana María Carrascosa Miguel, magistrada y asesora del Gabinete del Secretario de Estado del Ministerio de Justicia, en la Semana de la Mediación en la Comunidad Valenciana, organizada por la Conselleria de Justicia, la Universidad de Alicante y el Colegio de la Abogacía de Alicante, entre otras instituciones.
Una de las principales conclusiones de estas jornadas es que la ley supondrá un amplio abanico de oportunidades de trabajo para los operadores jurídicos.
El anteproyecto, aprobado en diciembre de 2020, introduce dos fórmulas para fomentar el uso de estos métodos adecuados de resolución de controversias, donde se agrupan a la mediación, el arbitraje y la negociación, entre otros. Por un lado, intenta acabar con abuso del procedimiento favoreciendo un sistema más sostenible, y, por otro, incluye un sistema de sanciones, de modo que quienes rehúsen hacer uso de estos métodos como fase previa a la judicialización del conflicto podrían incluso tener que pagar costas aun habiendo conseguido una sentencia favorable.
«Tenemos mucho trabajo por delante, debemos preparar el escenario de este nuevo sistema de Justicia. Si la ciudadanía nos dice que la Justicia tarda, que no es cercana, que una sentencia no resuelve el conflicto, nos piden que resolvamos sus controversias a través de otros métodos», ha afirmado Carrascosa.
Tanto Arturo Almansa como Beatriz de Pablo Murillo, abogados y mediadores y miembros de la Subcomisión de Métodos de Resolución de Conflictos de la Abogacía Española, han subrayado el papel de la abogacía y de quienes ejercen su profesión como operadores jurídicos en el desarrollo de este anteproyecto de Ley. «Tenemos que profundizar en el diagnóstico del conflicto y como abogados y abogadas nuestro trabajo es ofrecer la mejor solución a nuestros clientes. Para la abogacía es una oportunidad de especializarse», ha recordado Almansa.
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