La instrucción, que firma el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, fija el protocolo necesario para que, en estos casos, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan tramitar las denuncias de manera telemática desde el propio comercio afectado, grabarlas en sus sistemas informáticos y realizar todas las citaciones para enjuiciamiento rápido, a fin de que pueda celebrase la vista oral incluso aunque los posibles responsables del hurto no comparezcan.
El mecanismo, por tanto, agiliza la tramitación y resolución judicial de este tipo de denuncias y permite a Policía Nacional y Guardia Civil optimizar la duración de la intervención de sus patrullas de seguridad ciudadana. También disminuye la saturación de las dependencias policiales por la presencia de denunciantes y testigos relacionados con la denuncia, que queda incorporada a los sistemas informáticos policiales desde la conexión del establecimiento.
Por tanto, el diseño evita a los dueños y empleados de los establecimientos comerciales el desplazamiento hasta dependencias policiales y las esperas para interponer la denuncia, lo que acelera el proceso y minimiza los riesgos sanitarios de contagio por COVID-19.
Procedimiento testado
Para poner en marcha el mecanismo de denuncias telemáticas in situ, Policía Nacional y Guardia Civil han evolucionado sus respectivas aplicaciones de gestión y tramitación y denuncias (SIDENPOL y SIGO), que entre noviembre de 2019 y la declaración del estado de alarma fueron testadas en diferentes establecimientos comerciales de las comunidades de Madrid y Valenciana.
Comprobada su usabilidad, la publicación de la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad abre un lapso hasta el próximo 2 de noviembre para que las entidades comerciales que quieran hacerlo puedan adherirse al sistema. Para ello, deberán disponer de un departamento de seguridad legalmente constituido y un servicio de vigilancia privada contratado.
Además, los establecimientos deberán ser inspeccionados por responsables policiales para verificar si cumplen ciertos requisitos logísticos, como disponer de lugar reservado para la tramitación de las denuncias o de un equipo informático adecuado, en cuanto a seguridad y hardware, para acceder a las aplicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El proyecto ha sido elaborado en colaboración con la asociación de fabricantes y distribuidores AECOC, compuesta en un 85 por ciento por pequeñas y medianas empresas y a la que están adheridas las principales firmas del sector, que representan el 20 por ciento del producto interior bruto nacional. La Secretaría de Estado de Seguridad ha dejado abierto el diseño del mecanismo de denuncias telemáticas in situ para poder ampliarlo en el futuro a otros supuestos delictivos siempre que sean de carácter leve.
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