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El presidente del Ilustre Consejo de Colegios de Graduados Sociales de Cataluña, Jaume Francesch, y la vicepresidenta del Consejo, Montserrat Cerqueda, han presentado, durante la rueda de prensa celebrada en la sede del Consejo, el manifiesto de denuncia que los graduados y graduadas sociales han elaborado por las graves dificultades que tienen para llevar a cabo su trabajo diario en relación con la Administración laboral.
Los profesionales en materia laboral son los principales usuarios del sistema RED (el servicio de la Tesorería General de la Seguridad Social que permite hacer los trámites entre la empresa y la administración). A partir de la aplicación del sistema CASIA, en principio para mejorar las comunicaciones y el proceso de consultas e incidencias, y de la deslocalización de las oficinas gestoras, los graduados y graduadas sociales se han encontrado con problemas constantes. Uno de ellos es la carencia de interlocución ágil, rápida y eficaz con los funcionarios. La demanda se ha fundamentado en poder agilizar los procedimientos y trabajar con mayor seguridad jurídica, pero desde la Administración se da una respuesta negativa y los autorizados RED no pueden comunicarse directamente con los funcionarios, lo cual provoca graves problemas de eficiencia en el sistema.
Por otro lado, las bajas y altas en materia de afiliación de las personas trabajadoras está siendo un trabajo inalcanzable para los graduados sociales. Los profesionales tienen que facilitar, en un plazo de tres días naturales, estas altas y bajas. Una normativa que provoca una fuerte tensión en los despachos, puesto que en muchos casos los graduados se ven en la obligación de trabajar los fines de semana o festivos para así poder cumplir con el plazo natural establecido. Desde el Consejo se ha reclamado pasar el plazo a días laborables, pero la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha denegado la reclamación.
Hay que añadir que ahora los graduados son los encargados de gestionar las altas y las bajas en materia de incapacidad laboral a raíz de la nueva normativa de envío telemático donde el trabajador ya no las tiene que presentar a la empresa.
El Real Decreto 504/22 también ha traído graves complicaciones al trabajo del graduado social. La disposición transitoria obliga a todas las personas autónomas a tener los datos actualizados a la TGSS. Un trabajo que, por supuesto, también tiene que asumir el profesional graduado social como autorizado que es del sistema RED y que tiene que completar a través de un formulario con importantes carencias de funcionamiento. Desde el Consejo se han propuesto varias soluciones, pero, una vez más, la Administración laboral las ha denegado.
Además, los graduados sociales se están encontrando con liquidaciones rectificativas por importes irrisorios que provocan un trabajo añadido muy relevante. Un hecho que perjudica al profesional laboral, pero también al administrado, puesto que, si el administrado no está al corriente de pago de todas las cuotas, no podrá acceder a contrataciones públicas, u otras empresas, ni recibir subvenciones.
Con todo lo que ha expuesto el Consejo de Graduados Sociales de Cataluña, la demanda de los profesionales hacia la TGSS es que se escuche al colectivo y se tomen las medidas necesarias para resolver estos problemas. Los graduados sociales han demostrado durante la crisis sanitaria que se adaptan a las circunstancias y que son una parte imprescindible del proceso administrativo laboral, pero no pueden continuar trabajando con esta problemática.
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