• Ajustar márgenes, adaptarse a las necesidades y crecientes exigencias de los clientes, recortar tarifas o renovar estructuras y filosofías de trabajo son algunos de los criterios que las empresas de todos los sectores y de cualquier tamaño han tenido que acometer para plantar cara a la crisis financiera global; por supuesto, las firmas de abogados no han sido ajenas a este fenómeno.

La tarificación es uno de los aspectos que más remiendos ha sufrido durante la última década. Los bufetes, presionados por un cliente que exige más por lo que paga y que no se conforma con un ajuste de precios, han desarrollado herramientas internas para calcular sus costes de manera más competitiva.

Seas una pequeña startup, una pyme industrial o un gran grupo multinacional, ahora tú tienes el poder. La crisis, además de contraer las tarifas, ha desmembrado a los grandes despachos tradicionales, provocando la irrupción de multitud de pequeñas firmas especializadas, capaces de adaptarse al nuevo entorno de una forma mucho más eficiente.

En palabras de Luis Gosálbez, socio director de Metricson, firma especializada en tecnología e internet, “las nuevas empresas buscan especialistas que hablen su idioma y una cercanía que los grandes despachos no pueden proporcionales”.

Siguiendo esta corriente, la clásica y arraigada facturación por horas que importó la abogacía española de los despachos anglosajones en los años 90, se ha visto relegada, tanto en firmas grandes como pequeñas, por sistemas de tarificación fijos, cerrados o por proyecto, mucho más cercanos al modelo tradicional de consultoría.

Otros modelos de propuestas de honorarios rescatan, combinan y crean nuevas fórmulas de tarificación:

• Tarifa por fases: precios pactados a priori por proyecto o fases de éste (Phased Fees), una fórmula óptima para operaciones largas o transacciones en las que el trabajo puede planificarse. Se trata del modelo clásico de consultoría por fases, que también se utiliza en otros ámbitos, como es el caso de la construcción (certificaciones de obra).
• Precio cerrado: honorarios anuales o por periodos estipulados para una carga de trabajo predefinida.
• Cuota Litis: este modelo, prohibido expresamente por el Código Deontológico hasta hace unos años, vincula el importe de los honorarios al éxito del asunto, sobre todo en el ámbito de las reclamaciones procesales. De acuerdo con esta práctica -denominada también value billing o contingent fee en el entorno anglosajón-, el abogado sólo cobra cuando consigue una sentencia favorable para su cliente, abonando el cliente los costes del procedimiento (procurador, desplazamientos, peritos, etc.).
• Sucees Fee: en los países anglosajones es habitual establecer una cantidad adicional o bonificación que se obtendrá si se consiguen los resultados esperados. A diferencia de la cuota Litis, se trata de una prima de éxito o retribución adicional para motivar al profesional, que cobrará unos honorarios básicos en cualquier caso.
• Tarifa horaria plana sin discriminar el grado de experiencia de los abogados intervinientes (Blended Rates).
• Otras fórmulas híbridas, como las que establecen una tarifa fija por hora, con honorarios máximos y mínimos (Collar Fee).

Los clientes actuales exigen conocer de antemano los honorarios de los abogados y no sólo el precio/hora de los distintos perfiles profesionales de la firma, lo que les permite establecer prioridades y comparar precios con otros despachos antes de tomar una decisión sobre la contratación de servicios.

Estas nuevas exigencias del mercado han propiciado una nueva edad dorada de las tradicionales igualas o retainers, que garantizan un precio cerrado mensual, trimestral o anual a cambio de un paquete predefinido de servicios legales recurrentes.

Según Luis Gosálbez, “la desregulación de los honorarios profesionales es una buena noticia para los despachos especializados: nos permite ofrecer nuevas fórmulas, muy flexibles y adaptadas a las necesidades de las nuevas empresas, compitiendo de tú a tú con las grandes firmas tradicionales”.

La creación de nuevos modelos flexibles y personalizados de facturación ya es, por tanto, uno de los principales retos a los que se enfrentan los despachos de abogados