La Ley Concursal es la principal legislación que regula los procedimientos de insolvencia en España. A continuación se presenta un resumen del marco legal de reestructuración e insolvencia.

Resumen del marco jurídico de la reestructuración y la insolvencia en España

La Ley Concursal (22/2003) -que será sustituida por su texto refundido el 1 de septiembre de 2020- es la principal legislación que regula los procedimientos de insolvencia en España. Además, aunque de forma temporal, el Real Decreto Ley 16/2020 (que se publicó el 28 de abril de 2020) afecta a la normativa de carácter concursal y de reestructuración y lo hará durante los próximos dos años.

Además, los procedimientos de reestructuración preconcursales están regulados (hasta cierto punto) por la Ley Concursal. Sin embargo, los procedimientos de reestructuración se rigen generalmente por la legislación ordinaria.

La definición de bienes inmuebles en España

Los tipos de garantía más comunes para los bienes inmuebles son los siguientes.

Hipoteca inmobiliaria

En virtud de una hipoteca, el deudor mantiene la propiedad y tiene la posesión del inmueble. La hipoteca debe estar inscrita en el Registro de la Propiedad del lugar donde esté registrada la propiedad. Si el deudor incumple el pago de la deuda, como si se tratara de una mala apuesta, el acreedor podrá hacer valer sus derechos mediante un procedimiento sumario. En este caso, la propiedad se subastará y el producto se utilizará para pagar la deuda. Durante la ejecución, el acreedor puede pedir al tribunal que administre los bienes.

Prenda (anticresis)

Cuando se trata de una prenda, el deudor cede los ingresos de los bienes al acreedor para pagar la deuda. Si el deudor incumple, el acreedor puede tomar posesión de los bienes pignorados (excepto si el contrato lo excluye explícitamente) o venderlos para pagar la deuda. Luego puede utilizar el dinero para lo que quiera, ya sea comprar una nueva propiedad o jugar a las tragamonedas Chile. Además, el acreedor puede pedir al tribunal que se venda la propiedad para recuperar la deuda.

Las hipotecas deben otorgarse por escritura pública e inscribirse en el registro donde se inscriben los bienes impactados. La inscripción establece una garantía real.

Si no se produce la inscripción, el acreedor no tiene ningún derecho contra cualquier tercero que adquiera el activo garantizado pertinente. Si el deudor incumple el pago de la deuda, el acreedor puede hacer valer sus derechos a través de un procedimiento sumario, siempre que la hipoteca esté debidamente registrada.

Solicitud de insolvencia en España

Según la legislación española, se considera insolvente a todo deudor que no pueda (o que previsiblemente no pueda en un futuro próximo) hacer frente a sus obligaciones de pago de forma frecuente. La jurisprudencia aclara, sin embargo, que la incapacidad para cumplir con las obligaciones periódicas tiene lugar cuando el deudor no paga sus deudas a al menos el 15% de dos tipos diferentes de acreedores (clasificados a estos efectos como acreedores financieros, comerciales o -alternativamente- públicos). La insolvencia puede producirse con independencia del balance y el presupuesto del deudor, o del importe de sus activos.

Una situación de deterioro, es decir, cuando el deudor se enfrenta a pérdidas que reducen su patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, también puede conducir a un escenario de insolvencia. Si un deudor se enfrenta a una situación de deterioro que posteriormente se determina como una situación de insolvencia, la presentación de un procedimiento de insolvencia tiene prioridad legal sobre una mera liquidación de la empresa o cualquier otra medida comercial que esté prevista en la legislación empresarial.