Madrid, 9 ene (EFE).- Más allá de la constatación de las dificultades que esperan al Gobierno de coalición para sacar adelante sus iniciativas en el Parlamento, la votación de este miércoles sobre la convalidación de tres importantes decretos supone dejar en el aire un buen número de medidas

A 24 horas de la votación, el Gobierno no tiene los votos necesarios para convalidar este miércoles la prórroga de las medidas anticrisis, el decreto de reforma del subsidio de desempleo y el denominado decreto 'ómnibus', que incluye medidas en el ámbito de la Justicia, imprescindibles para desbloquear el nuevo paquete de fondos europeos.

Entre otras cuestiones, está en el aire esa partida de 10.000 millones de euros en fondos europeos, la subida de las pensiones y del subsidio de desempleo, la prórroga de las ayudas al transporte y del IVA reducido de la luz, el acceso digital de los ciudadanos a su expediente en los tribunales, medidas para agilizar los procedimientos judiciales...

El propio nombre de los tres decretos da idea de la variedad de sus contenidos, especialmente en el caso del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, el conocido como "decreto ómnibus".

¿Qué es un decreto (o una ley) ómnibus?

Es el nombre que reciben aquellas iniciativas parlamentarias que, en una única tramitación, incluyen la modificación de varias leyes.

En este caso afecta a cuatro leyes, cuya reforma, necesaria para acceder al siguiente tramo de ayudas europeas (10.000 millones de euros), quedó en suspenso por la convocatoria de elecciones.

Se trata de la de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, de la Función Pública de la Administración del Estado, de Modificación de la Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

¿Cuántos votos necesita el Gobierno?

A diferencia de lo que ocurrió en la votación de investidura o pasará con otras leyes orgánicas o que requieran mayorías cualificadas, la convalidación de los decretos solo precisa mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra.

Por ahora, el PP (136), Vox (33), Junts (7) y Podemos (5) han dicho que votarán 'no' por lo que el Ejecutivo precisaría 182 votos para sacar adelante esas iniciativas. No hay tantos diputados, así que, descartado el cambio de opinión de Vox, haría falta un voto afirmativo de sus teóricos socios o la abstención del PP.

¿Qué teme Junts de ese decreto?

Los de Carles Puigdemont han anunciado su voto negativo a los tres decretos y piden al Gobierno que los retire y negocie con ellos desde el principio iniciativas separadas.

Pero su principal recelo se refiere a una modificación que establece el decreto ómnibus -en la parte referida a Justicia- que permitirá dejar en suspenso una causa judicial cuando se presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.

En concreto, los independentistas temen que algún juez recurra al tribunal europeo para bloquear la aplicación de la ley de amnistía que se está tramitando en el Parlamento.

Además, exigen que se establezcan incentivos fiscales para el retorno de las empresas que salieron de Cataluña por el procés y que se sancione a las que no lo hagan, así como otras cuestiones relacionadas con la financiación de Cataluña.

¿Por qué se opone el PP?

Las dudas del PP se refieren al decreto de medidas anticrisis, ya que, aunque comparte la necesidad de prolongar en 2024 esas ayudas, quiere que se tramite como proyecto de ley y poder así introducir algunas enmiendas.

Frente a la pretensión del Ejecutivo de ir relajando las ayudas paulatinamente, los de Feijóo piden dejar el IVA de la luz y el gas en el 5 % en lugar del 10 %, especialmente a las rentas más bajas y rebajarlo para productos como la carne, el pescado y las conservas.

También proponen una rebaja del IRPF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros y que, para todo ello, se tramiten los decretos como proyectos de ley.

El Ejecutivo se resiste a estas medidas ya que supondrían una merma de los ingresos del Estado.

¿Cuáles son las exigencias de Podemos?

Lo primero que hizo Podemos fue anunciar su voto negativo al decreto que trata, entre otras cuestiones, de la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, al entender que supone una pérdida del poder adquisitivo en las futuras pensiones de los mayores de 52 años que se beneficien del subsidio.

Posteriormente, puso también objeciones al de medidas contra la inflación y pide para apoyarlo que se limite el incremento de precios de los alquileres al 2 % y aplicar un tope a las subidas de los precios de los alimentos en las grandes superficies, también al 2 %.

¿Qué pasa si no se convalidan los decretos?

El decreto-ley es una iniciativa legislativa que corresponde al Gobierno, justificada en la Constitución por la 'extraordinaria y urgente necesidad' y que tiene carácter 'provisional'.

En caso de no convalidarse en el Congreso, las medidas que incluye y que ya están en marcha, decaen aunque no los efectos que hayan producido, y el Ejecutivo tendrá que presentarlas de nuevo como proyecto de ley, con el consiguiente retraso y con la posibilidad de que los grupos parlamentarios introduzcan modificaciones vía enmiendas.

Otra posibilidad, con la que el Gobierno está tratando de salvar la votación, es que, se apruebe la convalidación y en la misma sesión se apruebe la tramitación de los decretos como proyecto de ley para que los grupos puedan presentar enmiendas y negociar en ese trámite algunos cambios.

¿Cuáles son las principales medidas que decaerían?

El Gobierno reprocha a socios y oposición que pongan en peligro el denominado "escudo social" anticrisis, ya que, entre otras cuestiones, quedaría sin efecto la subida del 3,8 por ciento para las pensiones contributivas, la extensión de la prohibición de desahucios para hogares vulnerables y el aumento del umbral de renta para acceder a las medidas de alivio hipotecario.

Tampoco se produciría la subida del subsidio por desempleo y su extensión a nuevos colectivos.

De no prosperar las ayudas antiinflación, unos 5.350 millones de euros, quedaría en suspenso la gratuidad este año de los trenes de cercanías y media distancia, así como la subvención estatal del 30 por ciento al transporte urbano e interurbano.

También caería la prórroga del impuesto a las grandes fortunas, banca y energéticas.

En cuanto a la digitalización de la Justicia, el principal problema es que se pondría el peligro la partida de 10.000 millones de euros de los fondos europeos.