Carpeta de justicia

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  • Así lo ha manifestado el exministro de Justicia (2014-2018), quien asegura que debería cambiarse para generar legitimidad política y gobernabilidad.
  • Durante un coloquio celebrado en la en la Universidad CEU San Pablo, Catalá ha apuntado que la Ley de Amnistía es “escasa de calidad jurídica y no tiene cabida en nuestro Derecho Constitucional”.

“Esta nueva investidura constata que nuestro sistema electoral no funciona. Debemos cambiarlo si queremos garantizar legitimidad política y gobernabilidad”. Así se ha dirigido Rafael Catalá, exministro de Justicia (2014-2018), a los estudiantes de la Universidad CEU San Pablo, durante su intervención en uno de los Seminarios de Razonamiento Jurídico impulsados por la Facultad de Derecho, que ha llevado por título: ‘La futura Ley de Amnistía: Reflexiones en el marco del Estado de Derecho y la Constitución’.
 
Catalá ha participado en un coloquio para analizar la repercusión de la reciente Ley de Amnistía, que ha dado paso a la investidura del nuevo Gobierno. Durante su intervención, el exministro se ha referido a esta ley como “escasa de calidad jurídica y sin cabida en nuestro Derecho Constitucional; afecta a la esencia misma de nuestra democracia”. Una Ley que “rompe con más de cuatro décadas de derecho pleno, negociaciones, diálogos, acuerdos, enmiendas parlamentarias… que han permitido abordar grandes desafíos y han permitido un proceso de transición y modernización”.

En este sentido, Catalá ha mostrado su indignación con la Ley, ante la diferenciación entre unos ciudadanos y otros, así como intentar legitimar que “todo aquello que no está prohibido, está permitido”“La Ley de Amnistía es contraria al valor superior de la igualdad. A unos se les aplica la ley y a otros no, por un tema coyuntural, para facilitar una investidura y no resolver los problemas reales que acontecerán posteriormente con un posible referéndum”, ha explicado.
 
En esta línea, Gemma Martínez Galindo, responsable del Área de Derecho Penal de la CEU USP y abogada senior en el bufete Esteban Mestre, ha subrayado que esta Ley es un fraude: “No cumple jurídicamente los estándares mínimos y está vacía de contenido; atenta contra la separación de poderes, los principios de la Constitución y un derecho fundamental como es el derecho a la igualdad”, ha apuntado.
 
Junto a ellos ha participado Carlos Vidal Prado, vocal de la Junta Electoral Central y catedrático de Derecho Constitucional de la UNED. Un coloquio que ha moderado Rafael Moyano Zamora, vicedirector del diario ‘El Mundo’ y director académico de la Escuela de Unidad Editoria




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