Los juzgados de familia en Galicia están colapsados, con demoras de casi dos años para obtener una custodia o hasta un año para divorciarse. Por eso los Colegios de la Abogacía de la comunidad piden medidas, como más personal, el reparto del trabajo con otras Salas, crear una oficina para derivar los asuntos de incapacidades o internamientos no voluntarios, para aliviar la situación y agilizar los procesos de familia.

A Coruña, Santiago y Vigo disponen de Juzgados especializados en Derecho de Familia, pero no tienen competencia exclusiva, al hacerse cargo también de otros temas, como incapacidades. En Vigo, además “tienen asignados  los internamientos involuntarios de personas enfermas, lo que incrementa aún más el retraso”, explica su decana Lourdes Carballo.

En Ferrol, Lugo y Ourense, los temas de familia se reparten entre los Juzgados de 1ª Instancia, que están desbordados, sin apenas margen de maniobra para la agilización de los importantes procesos de menores que en él se tratan.

Ourense y A Coruña son de los más colapsados. “Hace poco nos pusieron un juez de refuerzo, pero va muy lento para la rapidez que precisan los asuntos de familia”, afirma Fátima Salgado, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Ourense. En Coruña disponen de dos juzgados de Familia, pero María Pilar Cortizo, tesorera del Colegio, apunta que haría falta un tercero. “Los procesos de divorcio de mutuo acuerdo tardan una media de tres meses, cuando lo habitual eran 15 o 20 días”.

El Colegio de Ferrol ha reclamado en varias ocasiones al Tribunal Superior de Justicia de Galicia que se refuerce el juzgado competente en asuntos de familia para agilizar los trámites procesales. “Este colapso da lugar a que las medidas provisionalísimas en asuntos de familia no se tramitan por falta de tiempo para ello, resolviéndose las mismas con el pleito principal, dando lugar a graves problemas económicos, familiares y sociales en los intervinientes en el proceso”, afirma el Colegio.

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En los partidos judiciales de las provincias, la situación es aún más sangrante. Las demarcaciones territoriales tienen varios Juzgados limítrofes mixtos, de 1ª Instancia e Instrucción. Todos esos Juzgados tienen adscrito el mismo equipo psicosocial, el Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA), que elabora un informe para determinar si proceden cambio de custodia, regímenes de visitas u otras modificaciones de medida. “Es  ahí donde se produce el colapso. Desde que llaman a las partes hasta que emiten el informe, en Santiago tenemos mínimo un año y medio de retraso”, explica Mª Carmen González Ferro, vicedecana del Colegio de Santiago de Compostela.  Por ello, en algunas ocasiones, se limitan los informes psicosociales a “casos de mucha conflictividad”

En Lugo, la situación no es mejor en los cinco juzgados de Primera Instancia que llevan asuntos de Familia:  “Para solicitar un cambio de régimen de visitas, en algunos, presentas la demanda en julio y te ponen la fecha de la vista para julio del año que viene.  Y como necesitas el informe del IMELGA,  se tarda casi dos años en obtener la resolución” , cuenta Inmaculada Mourín, del Colegio de Lugo.

El Colegio de Ferrol explica que este colapso da lugar a situaciones insostenible: “Parejas en trámite de divorcio que tienen que seguir conviviendo hasta que el juez decida qué pasa con los hijos y quién se queda la casa o progenitores que tienen que esperar un año por la pensión de alimentos”.

Todos los Colegios inciden en necesidad de paliar la falta de medios, dotando a los juzgados de más personal, desde magistrados a funcionarios, y más recursos materiales. Y también piden que se extienda la jurisdicción de Familia a todas las provincias, para garantizar la igualdad ante la ley.

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