El juez que instruye el denominado ‘caso Osasuna’ ha concluido la investigación y de las 29 personas investigadas (imputadas) a lo largo del procedimiento considera que hay indicios para juzgar a 18 de ellas por los delitos de apropiación indebida, societarios, falsedad en documento mercantil, falsificación de las cuentas anuales y corrupción deportiva (por el supuesto amaño de partidos).
Estos delitos fueron presuntamente cometidos durante el mandato de Miguel Archanco Taberna —en el periodo 2012 a 2014— o con posterioridad para justificar las actuaciones ilícitas cometidas en ese tiempo. El juez instructor cifra el dinero extraído de las cuentas del club con fines delictivos o cuyo destino no ha sido justificado por los directivos responsables de la gestión del club en al menos 2,2 millones de euros.
Sobre la compra de partidos, el juez estima que hay indicios de que exmandatarios de Osasuna pagaron a tres jugadores del Betis, Antonio Amaya Carazo, Jordi Figueras Montiel y Xavier Torres Buigues, 650.000 euros en metálico, 400.000 para que ganaran al Valladolid y 250.000 para que perdieran con el club rojillo en los dos últimos partidos de la temporada 2013-14.
En el auto por el que concluye la investigación, que puede ser recurrido, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona da traslado al fiscal y las acusaciones —Osasuna y la Liga de Fútbol Profesional (LFP)— para que en el plazo común de 20 días presenten sus escritos de acusación frente a los 18 investigados contra los que continúa el procedimiento. El mismo juez instruye en otras diligencias —pieza separada B— los delitos presuntamente cometidos durante el mandato de Pachi Izco (entre 2002 y 2012) sobre los que no versa esta resolución.
En este auto de conclusión, el magistrado aprecia indicios racionales de criminalidad en las actuaciones llevadas a cabo por el citado Miguel Archanco, presidente del Club Atlético Osasuna en el periodo 2012-2014; Ángel Luis Vizcay Ventura, exgerente de Osasuna; los exdirectivos Jesús Peralta Gracia, Juan Antonio Pascual Leache, José Manuel Purroy Lecumberri y Sancho Bandrés Ardanaz.
El juez también estima que hay indicios para enjuiciar a los tres mencionados jugadores del Betis, al exdirector de la Fundación Osasuna, Diego Maquírriain Leandro, que transportó hasta Sevilla parte del dinero para su entrega a los jugadores béticos, a los dos supuestos agentes inmobiliarios investigados, Cristina Valencia Pérez y Albert Nolla Pujol, que firmaron un recibo de 900.000 euros conociendo su falsedad y a cambio de dinero, a los miembros de la comisión gestora del club Javier Zabaleta Bueno, Luis María Ibero Elía, Pedro Zudaire Fernández, Juan Ángel Larrea Andreu y Jesús María Dronda Pérez, por haber ordenado al gerente Ángel Luis Vizcay que hiciera lo que fuera necesario, sin excluir la comisión de delitos, para justificar en la contabilidad las salidas irregulares de dinero, así como del exdirector financiero Ángel Ardanaz Rípodas, por haber confeccionado las cuentas anuales del club del ejercicio 2013-2014 a sabiendas de que contenían falsedades importantes.
En cambio, el magistrado decreta el sobreseimiento provisional de la causa respecto de los exdirectivos José Luis Roldán Villar y Manuel Ganuza Aceldegui, los jugadores Sergio García de la Fuente, Damiá Abella Pérez, Francisco Puñal Martínez y Jorge Molina Vidal, así como del actual entrenador de Osasuna, Petar Vasiljevic.
De igual forma, el juez archiva la causa respecto del exdirector financiero de Osasuna José Gómez Castel, el excontable Tomás López Felipe, el exmiembro de la junta gestora Marino Zulet Gale y el auditor Adolfo Suárez Lopetegui.
Mantener a toda costa a Osasuna en primera
Tras dos años de investigación, el juez instructor asegura que existen indicios de que Vizcay, Archanco, Peralta, Purroy y Bandrés, “puestos de acuerdo o, cuando menos, conociendo que así se iba a llevar a cabo y consintiendo dicha práctica, a pesar de que era no solo ilegal sino delictiva, decidieron usar dinero del Club Atlético Osasuna para mantener a toda costa al club en la Primera División” mediante la entrega de “diversas cantidades de dinero en metálico a jugadores de otros equipos con la finalidad de alterar el resultado de dicha competición”.
Así, “existen indicios” de que pagaron a los entonces jugadores del Betis Amaya, Figueras y Torres 400.000 euros por la victoria del club verdiblanco frente al Valladolid y 250.000 por que su equipo se dejara ganar ante Osasuna.
Asimismo, según recoge el auto, durante la temporada 2012-13 salieron del patrimonio de Osasuna 900.000 euros y en la temporada siguiente otros 1.440.000, todos ellos en metálico, de los que únicamente consta acreditado que 226.000 se destinaron a pagar en efectivo a jugadores de Osasuna por conseguir diversos objetivos.
El resto del dinero no ha sido justificado ni explicado por los investigados Vizcay, Archanco, Peralta, Pascual, Purroy y Bandrés.
A este respecto, el juez indica que hay indicios de que, con la finalidad de encubrir los citados hechos, estos exdirectivos “decidieron alterar los libros de contabilidad, realizando en los mismos anotaciones falsas o dejando de incluir en ellos anotaciones de operaciones económicas reales”.
900.000 € como pago a dos supuestos agentes inmobiliarios
El juez relata que en la temporada 2012-13 se contabilizaron 900.000 euros como un pago a los dos supuestos agentes inmobiliarios, los investigados Cristina Valencia y Albert Nolla, quienes por firmar un documento en el que admitían haber recibido ese montante recibieron de Osasuna “una cantidad indeterminada de dinero”. Y dejaron de contabilizar un préstamo de 600.000 euros que un pariente de uno de los directivos había efectuado al club esa temporada, aunque sin conocer la finalidad delictiva que iba a darse a dicho dinero.
Al finalizar la temporada 2013-14, continúa la resolución judicial, se planteó la necesidad de dar cobertura a la salida de 1.440.000 euros. Debido al descenso a segunda división ya había dimitido la junta directiva de Miguel Archanco y al frente del club estaba una gestora provisional.
Según el juez, la gestora ordenó al gerente, Ángel Vizcay, que justificara a toda costa dichas salidas de dinero, pero sin querer conocer cómo iba a hacerlo para evitar responsabilidades, a cuyo efecto el gerente procedió a falsificar, mediante su creación y simulando que eran auténticas, tres facturas de la mercantil de nacionalidad portuguesa Flefield por importe de 675.000, 445.000 y 445.000 euros y a ordenar su contabilización.
Una vez contabilizadas, el director financiero, Ángel Ardanaz, que conocía o sospechaba “seriamente de la falsedad de dichas facturas”, las entregó al auditor, Adolfo Suárez, quien exigió que se le entregara el documento contractual que justificaba dichas facturas, procediendo nuevamente Ángel Vizcay a falsificar un contrato, simulando a tales efectos la firma del presidente de Osasuna Miguel Archanco. El auditor, con la finalidad de salvaguardarse de posibles futuras responsabilidades, exigió que Vizcay, Ardanaz y la totalidad de la gestora asumieran en la carta de manifestaciones al auditor la realidad de los supuestos pagos efectuados a Flefield.
De igual forma, el juez sostiene que en las diligencias hay indicios de que durante los dos años en que ejerció la presidencia Archanco “incorporó a su patrimonio” o “hizo entrega” a Jesús Peralta de al menos 72.000 euros “en concepto de gastos no justificados y dietas de asistencia a eventos cuyo pago no había sido aprobado” ni por la junta directiva ni por la asamblea de socios.
En la resolución, el juez detalla la exhaustiva investigación llevada a cabo en estos dos años, en los que ha dictado 65 autos, ha tomado 55 declaraciones y ha practicado 10 careos entre diferentes investigados. También especifica que los hechos y los datos están recogidos en más de 60 atestados elaborados por el Grupo II de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Navarra, así como en diversos informes periciales emitidos por la Brigada Provincial de Policía Científica. Y, de igual modo, explica que también se incorporaron a la causa los resultados de los informes patrimoniales realizados por funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Hacienda Foral de Navarra.
El posicionamiento de los móviles de los jugadores del Betis
En concreto, respecto al delito de corrupción deportiva, la presunta participación de los entonces jugadores del Betis Amaya, Figueras y Torres se desprende, según el juez, del análisis de los posicionamientos de sus teléfonos móviles, que se ubican en las zonas donde se produjeron las negociaciones entre los directivos osasunistas y los jugadores, así como del cotejo de los registros de llamadas, las contradicciones apreciadas en sus declaraciones y careos y en el análisis patrimonial de ellos realizado, que revela diversos pagos en metálico por elevados importes y una caída importante en los reintegros bancarios de dinero tras los pagos en metálico presuntamente efectuados.
Por otra parte, el juez califica de “muy voluminoso” el material recabado durante la instrucción respecto a la supuesta participación en los delitos investigados de Vizcay, Archanco, Peralta, Pascual, Bandrés, Purroy, Maquírriain, Nolla y Valencia.
Y respecto a los hechos imputados a los miembros de la junta gestora, el magistrado destaca que los indicios vienen constituidos por las declaraciones prestadas por ellos y por Ángel Vizcay, “unido al hecho cierto e incontrovertido de que todos ellos firmaron las cuentas anuales” del Club Atlético Osasuna en las que, conforme se acredita con los informes periciales contables, “se incluyeron hechos falsos con la exclusiva finalidad de justificar o ocultar la salida delictiva de dinero del patrimonio social”.
Solo uno de los miembros de la gestora, Marino Zulet no participó en la manipulación de la contabilidad, por lo que el juez ha archivado su imputación, un sobreseimiento que también se ha decretado respecto de los exdirectivos Roldán y Ganuza, el primero porque dimitió de su cargo apenas transcurrido un año y no llegó a firmar las cuentas anuales y el segundo porque, tras las diligencias practicadas, no se aprecia que conociera las prácticas ilícitas llevadas a cabo en la entidad.
En cuanto al archivo de las imputaciones sobre los futbolistas García, Damiá, Puñal y Molina, y el exdirector deportivo Vasiljevic, el juez sostiene que respecto de todos ellos las declaraciones incriminatorias de Vizcay no se han refrendado con ninguna otra prueba.
Asimismo, el juez no aprecia indicios de que se pudiera haber amañado el empate entre el Espanyol y Osasuna, un resultado que, según pone de relieve, no le servía además al conjunto osasunista para mantener la categoría.
A mayor abundamiento, el magistrado revela que cuenta con otro dato “de singular potencia indiciaria” pero a favor de los investigados Puñal y García, que radica en el hecho de que los dos estaban siendo vigilados por detectives privados contratados por la LFP, quienes los siguieron todo el día en que, según el exgerente, se entregó el dinero “sin ver nada sospechoso o ni siquiera llamativo”.
Por último, el magistrado no ve ningún dato que permita apreciar la participación del exdirector financiero José Gómez en los hechos investigados ni tampoco la del contable Tomás López. En cuanto al sobreseimiento respecto a auditor Adolfo Suárez en los hechos objeto de esta pieza principal, es decir en las temporadas 2012-13 y 13-14, las investigaciones llevadas a cabo no han permitido apreciar indicios de que haya tenido alguna participación en los hechos.
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