El Defensor del Pueblo Europeo ha abierto un procedimiento de investigación contra la Comisión Europea sobre el tema de la tramitación de las dos denuncias presentadas por EPA (Empleados Públicos Abusados) el 5 de julio de 2021 y el 29 de marzo de 2022. La investigación se centra en la manera con la que la Comisión Europea tramitó las dos denuncias emitiendo contestaciones confusas y en las irregularidades administrativas producidas por decisiones contradictorias de la Comisión Europea en cuanto a las mismas denuncias. 

Esta decisión se ha adoptado por el Defensor del Pueblo tras ser admitida a trámite la reclamación interpuesta por el despacho Navas&Cusí en representación de la citada asociación, según consta en notificación del 31 de octubre de 2022.

Más en concreto, el Defensor del Pueblo Europeo estimó la alegación de EPA sobre la pasividad y la mala administración de la Comisión a la hora de contestar a las quejas planteadas, siendo que la misma ni siquiera ha leído su contenido completo pues, de lo contrario, hubiese llegado a una única conclusión, y es que los argumentos dados en ambas quejas presentadas estaban totalmente fundamentados y respaldados, tanto por normativa de la UE como por jurisprudencia del TJUE. De hecho, tal y como se puede comprobar, ambas quejas presentadas por esta parte fueron desarrolladas de manera pormenorizada y fueron complementadas con un análisis jurídico exhaustivo de la nueva Ley 20/2021 donde se aportó información suficiente para apoyar al argumento sobre la infracción de la cláusula 5 del Acuerdo Marco de la Directiva 1999/70 sobre el abuso de contratos temporales en el sector público. 

El Defensor del Pueblo Europeo abrió la investigación solicitando a la Comisión Europea que le informe sobre el estado de las denuncias presentadas por EPA en relación con el abuso en la utilización sucesiva de contratos de duración determinada en España. En particular, el Defensor del Pueblo Europeo pidió a la Comisión que precisara si esas denuncias forman parte de la denuncia múltiple abierta desde el año 2013 y que justifique sus contestaciones confusas sobre el estado de dichas denuncias hasta el 31 de enero de 2023.

“De hecho -señala el socio director del despacho Navas&Cusí- Juan Ignacio Navas la temporalidad excesiva y abusiva de las relaciones de trabajo en el sector público español se ha convertido en un mal endémico y en un problema estructural de gran envergadura, siendo que la temporalidad en este sector absorbe tanto relaciones estatutarias, funcionariales, como laborales.