Madrid, 26 may (EFE).- Los sindicatos convocantes de la huelga indefinida a la que están llamados desde el lunes 45.000 funcionarios de la administración de Justicia han anunciado este viernes nuevas concentraciones, que mantendrán a diario mientras el Gobierno no retome el diálogo con ellos y no los cite para negociar.

La semana que viene se manifestarán dos días frente al Ministerio de Justicia, otros dos en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid y uno ante el Congreso de los Diputados para que se convoque la mesa sectorial "seria y responsable", ha dicho a los medios el portavoz de Justicia de CCOO en Madrid, Javier Hernández.

Alrededor de un centenar de delegados sindicales de CSIF, STAJ, CCOO y UGT ha hecho lo propio este viernes frente al Ministerio de Hacienda y Función Pública para reclamar a este departamento y al Ministerio de Justicia su intervención en el conflicto, ya que la última vez que las partes se sentaron a negociar fue el pasado 24 de abril.

Según los sindicatos, el único contacto que han mantenido desde entonces con el Gobierno son los intercambios breves que se han producido en algunos actos a los que los funcionarios van a protestar. En concreto, cuentan que el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, les ha dicho que convocará la mesa, pero sin indicar ninguna fecha.

Con elecciones municipales y autonómicas el domingo, fuentes ministeriales confirmaron a EFE que no tenían previsto convocar al comité de huelga esta semana.

Tras sendos acuerdos con letrados de la administración de Justicia y con jueces y fiscales, los funcionarios, que representan el 93 % de la plantilla de la oficina judicial, acusan al Ministerio y a su titular, Pilar Llop, de "clasismo", "negligencia" y "soberbia".

"Se ha ocupado de los cuerpos togados, pero de los 45.000 empleados públicos que todos los días sacamos adelante la administración de Justicia se ha olvidado por completo", ha denunciado el responsable de Justicia de CSIF en Madrid, Juan Carlos Ferreiro.

Los funcionarios reclaman una subida salarial de entre 350 y 430 euros brutos mensuales y la negociación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que aseguran que perjudicará a la ciudadanía y generará "más lentitud e ineficacia" en el servicio público de Justicia, en palabras de Alberto García, de STAJ.