Madrid, 10 abr (EFE).- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y UGT han cerrado un acuerdo con el departamento que dirige Félix Bolaños para subir entre 165 y 250 euros mensuales el salario de los funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia.

El incremento salarial dependerá de cada cuerpo, se aplicará a través de complementos específicos y será ratificado este jueves en una firma en el Ministerio, según explica en un comunicado CSIF, mayoritario en la administración de Justicia.

Se llevará a cabo de forma escalonada y progresiva este año y el que viene, según detalla Justicia en un comunicado, que precisa que el acuerdo también recoge la convocatoria de la mesa delegada en un plazo de tres meses para abordar la reducción de la temporalidad, el nombramiento de personal de refuerzo, la formación y la protección de la salud en el trabajo.

En el acuerdo no ha participado CCOO al no afectar a todos los funcionarios, también a los que trabajan en comunidades con las competencias transferidas, ni tampoco STAJ, que no tiene representación en esta mesa delegada referente al territorio dependiente del Ministerio, según informan a EFE fuentes sindicales.

Tras los incrementos salariales acordados el año pasado para letrados, jueces y fiscales, los funcionarios de Justicia protagonizaron una huelga de más de dos meses y la suspendieron, sin lograr sus objetivos, ante la convocatoria de elecciones.

Retomadas las negociaciones con el Gobierno, hace unas semanas se rompió la unidad sindical al comprobar que Justicia no iba a garantizar una subida salarial para los 45.000 funcionarios de esa administración, incluyendo a los que trabajan en las comunidades autónomas con competencias transferidas.

Pero las negociaciones continuaron. El acuerdo que se ha cerrado beneficiará a 12.000 funcionarios dependientes del Ministerio, lo que incluye a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura, Ceuta, Melilla y los órganos centrales (Audiencia Nacional, Supremo, Registro Civil, Instituto de Toxicología y Fiscalía General del Estado).

CSIF, que destaca que es un acuerdo equiparable a otros firmados en Madrid, Asturias o el País Vasco y al que se está negociando en Cataluña, explica que el Ministerio se ha comprometido a comunicar este acuerdo en la Conferencia Sectorial a todas las comunidades autónomas con competencias en Justicia.

Considera que se ha alcanzado "el mejor acuerdo posible" en estos momentos, teniendo en cuenta las dificultades de la coyuntura política y la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, y confía en que sea el inicio e un camino de diálogo para mejorar las condiciones de todos los funcionarios, con independencia del lugar de destino.

Para UGT, el acuerdo supone "un éxito de la negociación colectiva".

El Ministerio destaca en su comunicado la "política de diálogo" y el "impulso reformista de la Justicia" emprendido, que se centra en la digitalización, la modernización de la estructura del poder judicial e iniciativas como las oficinas de atención a las víctimas de delitos o la próxima ampliación del programa de becas para opositores.