Madrid, 22 jul (EFE).- El 83,8 por ciento de las fugas de presos registrados entre 2010 y 2023 se produjo durante los traslados desde los centros penitenciarios a los hospitales, juzgados u otras cárceles, supuestos que también son mayoría (58,2 por ciento) en cuanto a los intentos fallidos.

Así lo reflejan los datos del Ministerio del Interior recabados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que, según esta organización, corroboran la necesidad de tomar medidas para evitar estas evasiones, como el traslado de las competencias en sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas.

En concreto, el 46 por ciento de las evasiones (34) se dio en los desplazamientos a clínicas y hospitales, el 21,6 por ciento (16) en traslados a otros penales y el 16,2 por ciento (12) a dependencias judiciales.

En este balance, en cualquier caso, no están incluidas las fugas registradas en los centros de inserción social (CIS), que aglutinan 252 casos (es decir, cerca del 77 por ciento) entre 2010 y 2023, según los datos de Interior.

La cifra de evasiones consumadas desde el propio centro penitenciario, en cambio, son menores y suman 12 en el citado periodo de tiempo, es decir, el 16,2 por ciento.

En cuanto a los intentos de fuga no consumados, el 58,2 por ciento fue durante los traslados (la mayoría, el 31 por ciento, a centros médicos u hospitalarios), mientras que el 41,8 por ciento restante se dio en las propias cárceles.

Entre 2021 y 2023, destaca la AUGC, los intentos en los centros penitenciarios se han reducido un 42 por ciento, mientras los registrados en los desplazamientos se han triplicado.

En la primera mitad de este 2024, consideran, la situación parece no mejorar y ya se han dado algunos casos, como el de un preso que se fugó con ayuda de sus familiares cuando era trasladado a un hospital de Santander.

Esta situación, a juicio de la asociación de guardias civiles, hace necesaria la implementación de medidas y refuerzos de seguridad como garajes e instalaciones habilitadas para presos en hospitales y juzgados, una mejor flota de vehículos para los traslados o evitar que se filtre información sobre los mismos.

"Demandamos actualizar los protocolos de seguridad, más medios y personal y, muy importante, la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades penitenciarias como ya marca una ley, aunque solo Navarra y el País Vasco la tienen", ha señalado a EFE el portavoz de la AUGC, Pedro Carmona.