• Brasil, Ucrania y Tailandia encabezan el ranking mundial (España está en el puesto 22), mientras que Finlandia, Arabia Saudí y Suecia se perciben como los ‘más éticos’
• Uno de cada dos encuestados en España asegura que las autoridades están dispuestas a juzgar, pero no son lo suficientemente efectivas en condenas y en la recuperación del dinero
• Sólo el 8% de los encuestados en España afirma que los sobornos son comunes en su sector para ganar contratos
• Casi un tercio (28%) respaldaría hacer pagos en metálico si así se asegura la continuidad de la compañía, frente al 9% de Europa Occidental
• La mayoría de los ejecutivos (96%) está de acuerdo en juzgar individualmente para disuadir de cometer futuros fraudes, sobornos y corrupción

La lucha contra la corrupción es considerada una prioridad mundial y uno de los principales problemas a combatir por los gobiernos y las empresas. El 50% de los directivos españoles percibe que los sobornos y la corrupción son frecuentes a la hora de hacer negocios en el país, según recoge el estudio EY Global Fraud Survey elaborado a partir de más de 2.800 entrevistas realizadas en 62 países y territorios del mundo. De hecho, destaca que uno de cada dos encuestados opina que existen normas, pero no lo suficientemente efectivas.En este marco, la percepción de sobornos y corrupción en el mundo de los negocios es ahora mayor que en la encuesta anterior, cuando el 28% de los ejecutivos afirmaban que eran prácticas habituales en España, y supera notablemente el resultado del 20% que arroja el estudio en Europa Occidental.

Aumento en el ranking

Este aumento de la percepción de corrupción lleva a España a subir desde la 31ª posición a la 22ª en un ranking que encabezan países como Brasil, Ucrania, Tailandia y Nigeria. Por el contrario, Finlandia, Arabia Saudí, Suecia y Dinamarca son los países en los que existe menos percepción de estas prácticas entre los directivos de las empresas

Según explica Ricardo Noreña, Socio responsable de Forensic de EY, “los últimos escándalos conocidos han coincido con la fecha de elaboración de la encuesta, lo que ha podido incidir en una percepción aún más negativa de estas malas prácticas. Aun así, hay que destacar que España se sitúa en este ranking en un puesto llamativo y es labor tanto de las empresas como de los organismos públicos el luchar contra la corrupción y el fraude, más allá de las medidas que ya se han ido adoptando”.A pesar de este repunte, sólo un 8% de los directivos preguntados en España percibe que hacer sobornos es una práctica común en su sector para ganar contratos. Una cifra que duplica la registrada en Europa Occidental y también la del conjunto de los mercados desarrollados a nivel global.

Justificación de malas conductas en crisis

La recesión económica ha agravado los comportamientos pocos éticos en el mundo empresarial. El estudio de EY pone de manifiesto que el 42% de los directivos españoles consideran que podrían justificarse al menos uno de estos comportamientos poco éticos (realizar pagos en metálico, ofrecer regalos de entretenimiento o personales y falsear los resultados financieros) si ayudan a que la empresa sobreviva en una recesión económica. Un porcentaje muy superior al de Europa Occidental (28%), al de los mercados desarrollados (30%) e incluso al de las economías emergentes (40%).

Concretamente, en España, casi un tercio de los encuestados aseguró que en ese contexto podrían justificarse los pagos en metálico, frente al 9% de Europa Occidental y de los mercados desarrollados o el 16% de los mercados emergentes. De hecho, nuestro país se sitúa como el octavo del mundo por esta hipotética conducta inapropiada, sólo por detrás de China, Hong Kong, Eslovaquia, Malasia, Grecia, Indonesia y Singapur.

Asimismo, uno de cada cuatro directivos afirma que podría estar dispuesto a pagar con ocio si asegura la continuidad de su negocio –en línea con el resto de las áreas– y el 14% justificaría que les obsequiaría con regalos personales. Un porcentaje que duplica al recogido en Europa Occidental y en el conjunto de los mercados desarrollados.

En cuanto a falsificar los resultados financieros de la empresa, el 12% de los ejecutivos encuestados en España confiesa que podría justificarlo si con ello la empresa sobrevive, lo que supone seis veces más que en Europa Occidental (2%) y que en los mercados desarrollados (2%) y el doble que en los mercados emergentes (6%). Según el estudio de EY, España es el séptimo país en donde más disculparían esta mala conducta, al situarse tras Malasia, Kenia, Arabia Saudí, Hong Kong, Colombia y Filipinas.

En este sentido, el 46% de los directivos españoles consultados afirma que justificaría realizar alguna de estas actuaciones (políticas de devolución de productos más flexibles -26%-, cambios en parámetros de valoración –22%–, extender el período de informes mensuales –14%–, cambiar la fecha del contrato –8%– y contabilizar ingresos antes del período –6%–) para cumplir con los objetivos financieros.

Persecución contra el fraude

Las crecientes amenazas del cibercrimen y otras cuestiones como la financiación del terrorismo han aumentado la presión sobre las autoridades y las empresas para que identifiquen y mitiguen los problemas de fraude, soborno y corrupción.

La coordinación transfronteriza de los distintos actores para erradicar estas prácticas se ha elevado a un nivel sin precedentes y los países están tomando medidas para fomentar la transparencia y los comportamientos éticos en el mundo empresarial. El estudio muestra que el 96% de los directivos españoles consultados están de acuerdo en que juzgar de forma individual a los directivos ayudaría a disuadirlos de cometer fraude, soborno y corrupción en un futuro.

“La implantación de herramientas de detección de fraude tradicionales e innovadoras son esenciales para frenar el avance de estas prácticas en un mundo cada vez más internacionalizado. Las corporaciones están concienciadas, pero deben implementar las medidas adecuadas para ello”, asegura Ricardo Noreña. En EEUU, por ejemplo, la Ley Dodd Frank ofrece incentivos financieros para aquellos que denuncien estos comportamientos poco éticos. Así, entre 2001 y 2015, la SEC otorgó 54 millones de dólares a los 22 denunciantes, de los cuáles 37 millones corresponden al año pasado.

Los datos del estudio arrojan, no obstante, que todavía hay mucho trabajo por hacer. El 48% de los encuestados en España aseguran que las autoridades están dispuestas a juzgar, pero no son lo suficientemente efectivas en condenas y en recuperar las sumas de dinero. Un resultado que se mantiene en línea con Europa Occidental (45%) y con la totalidad de los participantes del estudio (47%).