Madrid, 6 nov (EFE).- La fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, cree que el Tribunal Supremo parte de una "premisa errónea" al sospechar que ella o el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pudieron filtrar un correo del abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al que habían accedido más personas.

La Abogacía del Estado, que representa a la fiscal Rodríguez, ha recurrido la apertura de la causa en el alto tribunal contra ella y García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, en la que la semana pasada se practicaron sendos registros policiales a su despacho y al del fiscal general.

El Supremo los investiga por la presunta filtración de un correo en el que la defensa del citado empresario ofrecía un pacto al Ministerio Público tras admitir haber defraudado a Hacienda y proponía asumir ocho meses de cárcel.

Según el recurso, al que ha tenido acceso EFE, la Abogacía cuestiona la premisa de la que parte el Supremo para abrir una investigación porque, dice, antes de que la fiscal Rodríguez y el fiscal general dispusiesen de ese correo, varios medios de comunicación ya lo tenían.

Los indicios contra ambos fiscales, dice el recurso, son de mínimo poder incriminatorio cuando dichos correos "estaban en poder del afectado, de su defensa, de la Fiscalía y de múltiples medios de comunicación que dijeron ser informados por la defensa del querellante".

Explica que si requirió los correos sobre el pacto de conformidad con el fiscal que le investiga es porque ni ella ni el fiscal general disponían de los mismos cuando ya un medio de comunicación había informado de su contenido.

Añade de nuevo que dicho correo fue enviado a una dirección genérica de la Fiscalía a la que accede "un número indeterminado de personas" y menciona que incluso una fiscal que no cita lo recibió a la vez de que ella.

La Abogacía del Estado subraya que, "sin entrar en lo especulativo o hipotético", no puede advertirse "un posible perjuicio al derecho de defensa de Alberto González Amador" cuando "es precisamente la defensa la que proveyó a medios de comunicación, entonces y después, especulaciones y supuestas informaciones relativas a eventuales conformidades -mediante acuerdos no solo con la Fiscalía-, en un uso abusivo del derecho de defensa, más bien".

Y recalca asimismo que "las confrontaciones políticas que justificaron que este asunto saltara a los medios de comunicación y la prensa, ha sido ignorada al valorar los eventuales beneficiarios de esa difusión tergiversada, máxime cuando también está acreditado que parte de estas difusiones previas, provenían del entorno de la defensa".

Con todo, pide al Supremo que revise la decisión de abrir una causa penal y recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es de donde viene este procedimiento, nada dijo acerca de los correos, sino que puso el foco en la difusión de una nota de prensa aclarando algunos extremos de dicho pacto de conformidad en la que el Supremo no ha visto indicios de delito.

El fiscal general del Estado se ha abstenido hasta ahora de que ningún fiscal rinda cuentas ante él ni en esta causa abierta por el Supremo, ni tampoco en la investigación que dirige un juzgado de Madrid contra González Amador por defraudar presuntamente 350.000 euros y por ocultar supuestamente ingresos de sus negocios con la empresa Quirón Prevención.