Bruselas, 17 oct (EFE).- El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) celebrará este martes una vista en la que unos socios del Barcelona cuestionan que la Comisión Europea no les considere "partes interesadas" en el fichaje de Leo Messi por el PSG en agosto de 2021 y, por tanto, no les vea legitimados para presentar una denuncia contra el ingreso del futbolista en el club francés.

Está previsto que la vista se abra mañana a las 9.30 hora local para escuchar a la parte demandante (varios socios del Barcelona radicados en Francia) y a la demandada, la Comisión Europea, según informaron este lunes a EFE fuentes del TGUE.

Subrayaron que el asunto que se verá ante el Tribunal General en primera instancia no examinará la cuestión de la supuesta ayuda estatal o del fichaje de Lionel Messi, sino que se refiere únicamente a la definición de "parte interesada" tal y como la interpreta la Comisión.

El caso se remonta al 8 de agosto de 2021, cuando el entonces futbolista del FCB Lionel Messi anunció su salida del club y su contratación por el Paris Saint-Germain Futbol Club (PSG).

Ese mismo día un denunciante identificado en la demanda con las siglas WA y socio del FCB desde el 3 de marzo de 2020 presentó una denuncia ante la Comisión Europea, alegando la existencia de una supuesta ayuda estatal ilegal al PSG, que habría hecho posible la contratación del Messi.

Al demandante WA se sumó también la Penya Barça Lyon: Más que hinchas (PBL) de Bron (Francia), integrada en la red de peñas de la asociación y fundada el 10 de junio de 2019 en Barcelona con el objetivo de reunir a los hinchas del FCB para compartir una pasión común por el club y promover el amor a otros aficionados al fútbol, de la que también es socio WA.

En septiembre de 2021, Bruselas indicó a WA que la información proporcionada no se registraría como una denuncia formal, sino únicamente como información general sobre el mercado, ya que no había sido presentada por una "parte interesada".

La vista que se abre este martes ante el TGUE se refiere a la impugnación de esta decisión de la Comisión por parte de WA y PBL.

En esencia, se pide al Tribunal General que decida si la Comisión tenía razón al considerar que PBL y WA no son "partes interesadas" y que, por tanto, no están legitimadas para presentar la denuncia en cuestión.

En sus alegaciones, los demandantes reprochan a la Comisión no haber tenido en cuenta el hecho de que la primera parte demandante es miembro ("socio") del Fútbol Club Barcelona y que, como tal, consideran que está facultada para presentar una denuncia sobre una presunta ayuda ilegal.

Los demandantes alegan además que en este caso existe una divergencia entre las disposiciones de los Estados miembros que falsea las condiciones de competencia en el mercado interior.

En concreto, según los demandantes, el hecho de que la Liga de Fútbol Profesional española exija, contrariamente a la francesa, el respeto de una ratio entre costes salariales e ingresos de los clubes del 70 % constituye una distorsión que penaliza en la práctica al FC Barcelona.

Por tanto, las partes demandantes solicitan al Tribunal General que anule la decisión de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea de 1 de septiembre de 2021 y le ordene que haga uso de las prerrogativas que le otorgan los tratados para requerir a la Federación Francesa de Fútbol que "cese inmediatamente toda distorsión normativa de competencia" y cumpla el Reglamento sobre concesión de licencias de club y "fair play" financiero de la UEFA.

También piden que la corte de primera instancia que incoe un procedimiento de infracción contra Francia por ayuda de Estado ilegal al Paris Saint-Germain y, en consecuencia, eleve el acaso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU).

Los demandantes solicitan asimismo que se ordene a la Comisión que adopte medidas provisionales contra Francia destinadas a poner fin al "perjuicio", a su juicio, sufrido por ellos y le requiera que suspenda todas las decisiones normativas que hicieron posible el fichaje de Messi y que, según mantienen, crean una "distorsión desleal de competencia" y afectan "al comercio interior, según se puede leer en el recurso interpuesto.