Tras dos días de intensos debates en la sede del Colegio de Abogados de Madrid, el I Congreso de la Infancia y la Adolescencia ha concluido hoy con la presentación de un “Decálogo en favor de la especialización, en el orden civil, de las materias de infancia, familia y capacidad”.
A partir de las intervenciones de los más de 80 juristas y especialistas en la materia que han participado en un encuentro seguido telemáticamente por más de 6.000 personas, el Comité organizador del Congreso, junto con los comités de Honor y Científico, ha hecho públicas sus recomendaciones para proteger a los menores en los procesos de Familia y garantizar la igualdad de acceso a la Justicia en todo el territorio nacional.
El documento parte de la necesidad de reconocer a los niños, niñas y adolescentes (NNA) como “víctimas directas de los procesos judiciales que afectan a su entorno familiar”, así como de una problemática específica en el ámbito escolar y social “que, al ser cada vez más compleja, requiere de una tutela judicial especializada”.
Por ello, reclaman “más comunicación y encuentros” de carácter multidisciplinar y una “relación fluida y de confianza” entre los distintos profesionales que intervienen en los procesos que les afectan.
También recuerdan los organizadores que, en concordancia con la normativa supranacional y nacional, “las opiniones, necesidades, inquietudes y vivencias de los menores deben ser escuchadas en todo proceso en el que se adopte una decisión que les afecte”. Asimismo, deben ser defendidos en sus derechos e intereses legítimos ante los tribunales por profesionales especializados, especialmente abogados, fiscales.
Especialización y redistribución
La especialización en materia de Familia, destacan los expertos, es fundamental “para garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a la jurisdicción, con independencia de su lugar de residencia”, así como para agilizar y unificar el tiempo de la respuesta judicial.
Para hacerla efectiva, los organizadores del Congreso proponen en una primera fase la redistribución de las competencias actualmente existentes de los 431 partidos judiciales. Según esta propuesta, a los 148 juzgados de familia existentes actualmente, más los 15 de incapacidades, habría que especializar 80 juzgados más hasta un total de 243 Juzgados de Infancia, Familia y Capacidad en toda España. A estos órganos habría que adscribirles un Fiscal y un Equipo Técnico, con acceso a mediadores, Médicos Forenses, y demás recursos técnicos y personales necesarios.
Asimismo, los operadores jurídicos solicitan una reforma del sistema de declaración de desamparo, “encomendando al juez esa decisión en lugar de a las autoridades administrativas que lo tienen actualmente reconocida”, y recuerdan que la internacionalización de las relaciones interpersonales está incrementando la problemática que afecta a la infancia y a las familias, “lo que requiere un especial conocimiento del marco normativo supranacional y de los instrumentos y mecanismos de cooperación internacional”.
Otras medidas acordadas
Por otra parte, los organizadores han acordado la constitución de un foro de debate con vocación de escucha y permanencia que, bajo la denominación “Avanzamos juntos”, se propone compartir información, impulsar iniciativas comunes y difundir en las páginas web asociativas, medios de comunicación y redes sociales las iniciativas comunes de personalidades jurídicas y asociaciones y entidades del Tercer Sector.
También se ha hecho pública la próxima creación de un Grupo de Trabajo para dar seguimiento a la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, de la Ley de reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre capacidad, así como de otras reformas sobre materias propias de la jurisdicción.
Finalmente, el Comité organizador ha avanzado que el II Congreso Nacional de Infancia y Adolescencia, coorganizado por el ICAM, ICAB y la Plataforma Familia y Derecho, se celebrará presencialmente en Barcelona en marzo de 2022.
“Decálogo en favor de la especialización, en el orden civil, de las materias de infancia, familia y capacidad”.
i) Los NNA son las víctimas directas de los procesos de separación, divorcio o efectos de ruptura de pareja estable, así como de una problemática específica en el ámbito familiar, escolar y social, que al ser cada vez más compleja, requiere de una tutela judicial especializada, ya que afecta especialmente a los NNA en el proceso de formación de su personalidad
ii) Por ello, todos los intervinientes han reclamado “más comunicación y encuentros” y una “relación fluida y de confianza” de los distintos profesionales que han de abordar desde una perspectiva integral, interdisciplinar y terapéutica, la heterogeneidad y complejidad creciente de la problemática que afecta a los NNA.
iii) Los NNA, en concordancia con la normativa supranacional y nacional, deben ser escuchados sobre sus opiniones, necesidades, inquietudes y vivencias en todo proceso en el que se adopte una decisión que les afecte por profesionales tanto con conocimiento técnico actualizado como con las habilidades y competencias (soft skills).
iv) Los NNA deben ser defendidos en sus derechos e intereses legítimos ante los tribunales por profesionales, especialmente abogados, fiscales y, en su caso, defensores de los NNA o acompañantes en el proceso especializados en temas de infancia y adolescencia y su creciente diversidad, complejidad e internacionalización.
v) Debe aprobarse la especialización para garantizar la igualdad de acceso a la jurisdicción de todo ciudadano español (art. 14 CE), con independencia de su lugar de residencia, pues es contrario a dicho principio que, en la actualidad, algunos juzgados dispongan de jueces especializados en materias de infancia, familia y capacidad y otros no, así como que dependiendo de ello, el mismo asunto pueda resolverse en un juzgado especializado en un plazo entre 6 /8 meses y en uno no especializado, entre un año y medio o 2 años.
vi) La especialización permite reducir en tiempo la respuesta judicial - actualmente hay audiencias que están resolviendo demandas incoadas en 2017, con lo que suponen 4 años en la vida de un NNA-, y convertirla en más predictible, aportando racionalidad a la duración de los procesos judiciales y seguridad jurídica. Igualmente, favorece la utilización de los métodos alternativos de solución de conflictos.
vii) Abandono del concepto del juzgado de familia y de incapacidades por el de juzgados de Infancia, Familia y Capacidad. Estas materias son tan comunes que requieren la necesidad de especialización global de todos los profesionales intervinientes en ellos, especialmente jueces, fiscales, LAJ, abogados, equipos técnicos, mediadores, de manera que se facilita la agrupación de estas materias de infancia, familia y capacidad en juzgados especializados.
viii) La internacionalización de las relaciones interpersonales incrementa la problemática que afecta a la infancia y a las familias, que requiere un conocimiento del marco normativo supranacional y de los instrumentos y mecanismos de cooperación internacional, así como reacciones rápidas en casos de sustracciones.
ix) Reformar el sistema de declaración de desamparo, encomendando al juez esa decisión en lugar de a las autoridades administrativas que lo tienen actualmente reconocida, confiriéndoles la capacidad de adoptar medidas cautelares urgentes.
x) Las medidas a adoptar no requieren en una primera fase la creación de juzgados nuevos, sino la redistribución de las competencias actualmente existentes de los 431 partidos judiciales, mediante la agrupación de partidos, especializando los precisos de manera exclusiva y excluyente en Infancia, Familia y Capacidad, materia de la que se verían descargados los restantes, según la propuesta de Mapa Judicial aquí expuesta. Según esta propuesta, a los 148 juzgados de familia existentes actualmente más los 15 de incapacidades, habría que especializar 80 juzgados más hasta un total de 243 JUZGADOS DE INFANCIA, FAMILIA Y CAPACIDAD en toda España. Y a estos juzgados, adscribirles un Fiscal y un Equipo Técnico, con acceso a mediadores, Médicos Forenses, y demás recursos técnicos y personales necesarios
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