En concreto, la Ley Antifraude (octubre de 2021) y la Ley Crea y Crece (octubre de 2022), suponen cambios próximos para las empresas españolas, con el objetivo de mejorar la forma en la que estas presentan sus datos fiscales ante la administración pública. Sin embargo, todavía existe cierta confusión en torno a cómo y a quién afectan.

Desde fiskaly, solución SaaS para la fiscalización y digitalización de facturas, pretenden arrojar luz sobre las implicaciones de ambas normativas, para ayudar a las empresas a evitar las posibles multas a las que tendrían que hacer frente por incumplimiento en un futuro cercano.

Ley Antifraude y proyecto Verifactu

Esta ley está impulsada por el Ministerio de Hacienda, y su principal objetivo es el de luchar contra el fraude fiscal, garantizando la integridad y trazabilidad de las facturas generadas en cada una de las operaciones comerciales, evitando una posible contabilidad B.

Para ello, establece que todas las empresas y autónomos con una facturación inferior a los 6 millones de euros, deberán utilizar un software antifraude homologado. En este sentido, la Ley especifica unos requisitos técnicos que tienen que cumplir todos los softwares de facturación (denominados como SIF): crear un archivo XML por cada transacción, firmarlos electrónicamente, generar facturas encadenadas, incluir un código QR que identifique a cada factura, y la posibilidad de envío automático de los registros a la AEAT (modo Verifactu) o de firma electrónica de los registros (modo No-Verifactu o bajo requerimiento).

Está previsto que para antes del 1 de julio de 2025, todas las pymes y autónomos hayan adaptado sus sistemas de facturación a la nueva normativa. En cambio, todos los fabricantes y comercializadores de software de facturación en nuestro país, deberán implementar los requisitos técnicos de la ley por adelantado, contando para ello con 9 meses a partir de la publicación de la Orden Ministerial. Se espera que dicha Orden se apruebe durante el mes de mayo.

Ley Crea y Crece y factura electrónica B2B

Esta Ley parte del Ministerio de Economía, comercio y empresa; y busca, entre otros aspectos como la digitalización del tejido empresarial español, reducir la morosidad en las transacciones comerciales, así como definir los plazos de pago; con el objetivo final de minimizar los problemas de liquidez de las pymes.

Para ello, establece la obligación de emitir y recibir facturas electrónicas en las transacciones B2B. Es decir, las empresas estarán obligadas a facturar electrónicamente a otras empresas o autónomos por la prestación de sus servicios. Y para ello, el reglamento técnico de la ley especificará qué requisitos deben cumplir los software empleados para la emisión de dichas facturas electrónicas, modificando de nuevo las plataformas de intercambio utilizadas hasta la fecha en nuestro país. Uno de esos requisitos, incluirá la declaración de la fecha de pago de las facturas. De esta forma, se pretende luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales, a la vez que se digitaliza el tejido empresarial español.

Se espera que la factura electrónica B2B sea obligatoria en 2025 para todas las empresas que facturen más de 8 millones de euros al año. El resto podrán esperar hasta 2026.

“Todavía existe mucha confusión en torno a la Ley Antifraude y la Ley Crea y Crece, y a quienes aplican. En este punto, lo fundamental para las empresas es contar con un partner especializado que les pueda ayudar a entender cómo les afecta cada una de ellas, y que les brinde el apoyo necesario para adaptarse y evitar las posibles sanciones que puede acarrear el incumplimiento de cualquiera de ellas”, comenta Isabel Nogales, directora de fiskaly en España.