El Colegio de Abogados de Granada traslada esta preocupación a ACNUR durante una reunión de trabajo en la que ambas instituciones han evaluado el estado de la protección internacional a extranjeros en la provincia

El Colegio de Abogados de Granada ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, con el objetivo de analizar la situación de la protección internacional en la provincia, plantear los obstáculos que perciben los profesionales y las ONG en la asistencia jurídica de las personas extranjeras y esbozar posibles acciones de mejora y líneas de colaboración para garantizar la tutela judicial efectiva de estos ciudadanos.

Aprovechando la visita de la organización, la Abogacía granadina le ha trasladado varias disfunciones que ha detectado en esta materia. En concreto, el colectivo profesional ha puesto en conocimiento de ACNUR que, pese a que las peticiones de asilo en la provincia de Granada van en aumento, solo una ínfima parte de los solicitantes ejerce su derecho a asistencia letrada durante la entrevista en la que se valora la concesión de la protección internacional, pese a que el Colegio de Abogados de Granada es uno de los pioneros a nivel nacional en disponer de un Turno de Oficio especializado que facilita dicha cobertura jurídica.

Por ello, para impulsar el acceso a asistencia letrada en territorio en los casos de solicitud de asilo, el Colegio ha solicitado a ACNUR su colaboración en el refuerzo de la difusión de este servicio, de modo que los ciudadanos conozcan cuáles son sus derechos y cómo pueden ejercerlos. No obstante, la Corporación profesional ha manifestado que también planteará esta problemática ante los responsables políticos. “Es fundamental que las autoridades establezcan directrices claras para que los agentes que atienden a los solicitantes de asilo les informen, en un primer momento, sobre la posibilidad de contar con un abogado durante la posterior entrevista”, ha puntualizado el vicedecano, Antonio Mir, acompañado por el diputado Décimo, Ignacio Joya, y la presidenta del Grupo Especializado en Derecho de Extranjería, Gloria Gámez.

Asimismo, el Colegio ha alertado a ACNUR de los retrasos en la resolución de los expedientes de asilo, registrándose ya citas para finales de año. Una dilación que, según la Abogacía, pone a estas personas en una situación de alta vulnerabilidad, ya que tampoco se les concede una autorización provisional de trabajo durante los meses que transcurren mientras reciben la respuesta de la Administración. También ha puesto de relieve a su vez los obstáculos administrativos que encuentran los extranjeros cuando se reconoce su situación de legalidad por silencio positivo.

Junto a esto, los representantes del Colegio de Abogados de Granada y ACNUR también han hablado sobre la asistencia a inmigrantes en el Puerto de Motril, destacando las buenas prácticas que se desarrollan en este punto en materia de asilo y la disposición de ambas instituciones para mantener el funcionamiento a través de la elaboración de protocolos nacionales y la impartición de formación continua de los letrados adscritos al servicio.

No obstante, el colectivo profesional ha lamentado que aún no se haya puesto en funcionamiento el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), lo que permitiría poner fin a las deplorables condiciones en las que se presta el servicio en la actualidad. Esta reivindicación ha sido comunicada por la Abogacía granadina a las autoridades competentes en varios encuentros institucionales, en los que les ha urgido a que solucionen los trámites pendientes para la inauguración de las nuevas instalaciones, además de plantear otras reclamaciones, como la habilitación de, al menos, dos despachos para prestar la asistencia letrada, preservando la intimidad de los migrantes; la necesidad de disponer de mayor tiempo para realizar la entrevista al migrante y valorar su situación; el aumento del número de traductores; o la agilización del acceso a los expedientes administrativos de los menores.