Desde primera hora de la mañana y durante toda la jornada del domingo, los compañeros del Turno de Oficio de Extranjería del ICAV estuvieron al lado de las personas que llegaban al Puerto de Valencia a bordo del ‘Aquarius’ y dos barcos más. Todos los migrantes, excepto las mujeres embarazadas y los niños pequeños que pasaron directamente a atención hospitalaria, recibieron asesoramiento jurídico de los letrados del ICAV.
Las diputadas de la Junta de Gobierno del Colegio, responsables del Turno de Oficio, Pilar Jove y Ester Sanchís, junto con compañeros de la Sección de Extranjería y Derechos Humanos, distribuyeron a los letrados en grupos de 10, que iban siendo requeridos conforme se iba atendiendo a los migrantes.
“Después de la atención sanitaria y la filiación hecha por parte de la policía a los migrantes, entraban nuestros compañeros quienes comunicaban a los migrantes el permiso extraordinario de 45 días concedido y a continuación les informaban de que durante esos días tienen que pedir asesoramiento de los letrados bien para tramitar el asilo o para seguir cualquier otra recomendación jurídica”, nos aseguraba Ester Sanchís.
El Colegio de Abogados de Valencia también estuvo presente el día anterior, sábado, en la reunión de preparación de todo el dispositivo que tuvo lugar en el Muelle 1 del puerto de Valencia, donde estaba previsto que arribara la flotilla.
Desde que se supo que Valencia iba a recibir a los migrantes del ‘Aquarius’, el ICAV se puso a disposición del Gobierno para colaborar en todo lo necesario con el objetivo de asesorar y garantizar los derechos.
La respuesta masiva por parte de los compañeros a la llamada que se hizo desde el Colegio para asistir a los migrantes, es un buen ejemplo del sentido de servicio público universal que el Derecho significa para los compañeros de Turno de Oficio de Extranjería y Derechos Humanos, y el Turno de Oficio en general. Desde aquí queremos felicitar a todos los letrados que han demostrado y demuestran día a día su solidaridad y el cumplimiento de servicio público, garantizando al ciudadano los derechos fundamentales que le amparan.
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