Almería ha acogido durante ayer y hoy el I Encuentro Andaluz de Extranjería y Protección Internacional, un foro científico organizado por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados con el que profundizar en las últimas novedades en esta rama jurídica, debatir sobre los principales problemas y obstáculos del colectivo profesional y compartir conocimientos entre los profesionales de toda la comunidad autónoma.
“Estos encuentros sirven para comentar experiencias y aunar buenas prácticas entre compañeros para que todos tengamos una preparación y formación mejor y unificada, que es uno de los objetivos del CADECA, más en un tema tan sensible como la Extranjería y Protección Internacional, donde, en muchos casos, lo que está en juego es la vida de las personas”, ha explicado el responsable de la Comisión de Subcomisión del Consejo, José Carlos Arias. Y dónde mejor que en Almería para celebrar la primera edición de este encuentro sectorial. “Almería es el epicentro del fenómeno migratorio tanto por el número de personas que se asisten, como por el número de expedientes que desencadena esa asistencia”, ha destacado el consejero del CADECA y decano del Colegio anfitrión, Juan Luis Aynat.
No obstante, en esta necesaria búsqueda de fórmulas jurídicas para afrontar las necesidades de los inmigrantes, la Abogacía andaluza ha reclamado una mayor implicación de las administraciones públicas que pase por dotar de más recursos materiales y humanos a la atención de estas personas y, en especial, al sistema de Asistencia Jurídica Gratuita, al que están adscritos cerca de 2.000 letrados en Andalucía. “El papel de la abogacía es ayudar a estas personas, pero tenemos que tener herramientas suficientes para poder utilizarlas en defensa de su dignidad”, ha reivindicado Arias, citando el eslogan del encuentro, “Uniendo fronteras, protegiendo derechos”. Una reivindicación de apoyo gubernamental que el CADECA hace extensiva a Europa. “Dado que España es considerada la puerta de Europa en materia de movimientos migratorios, Europa debería contribuir al pago de las asistencias jurídicas que se hacen a estas personas y no dejar que asuman esta carga sólo los países o regiones de entrada”, ha demandado Arias.
De ahí que el colectivo profesional también valore de forma positiva la regularización extraordinaria que ha comenzado a tramitarse en el Congreso como Iniciativa Legislativa Popular -sin perjuicio de las posibles aportaciones que pueda plantear la Abogacía una vez que avance su desarrollo-, ya que permitirá dotar de amparo jurídico a personas muy vulnerables siempre que cumplan una serie de requisitos, entre ellos, el empadronamiento o residencia previo durante un periodo de tiempo, según ha explicado a los medios Rosa Durán, vocal de la Subcomisión de Extranjería del CADECA y de la del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
Un encuentro científico
Tras la inauguración del foro jurídico, el I Encuentro Andaluz de Extranjería y Protección Internacional arrancó con el reconocimiento al personal de Salvamento Marítimo, quienes son, en palabras de Aynat, “los que se mojan los pies, el primer contacto físico y visual de los inmigrantes”. Una distinción recogida por José Antonio Morata y Manuel Capa.
El programa científico arrancó con una mesa redonda sobre llegadas marítimas y Protección Internacional. Cabe recordar que, durante 2023, 9.800 extranjeros llegaron a Andalucía de forma irregular y se registraron un total de 25.948 solicitudes de Protección Internacional en la comunidad. Así, el letrado Francisco Morenilla y María Valles, adjunta senior de protección de la Oficina de ACNUR España, analizaron las complejidades legales y humanitarias de la migración por mar y el otorgamiento de asilo, buscando soluciones efectivas y humanitarias.
La primera jornada prosiguió profundizando en el procedimiento sancionador en materia de Extranjería, de la mano del letrado Marcelo Belgrano Ledesma, vocal de la Subcomisión de Extranjería del CGAE. Le siguió otra mesa de debate en la que se abordaron principales cuestiones sobre el proceso de arraigo, una figura que, a cierre de 2023, contaba con 27.533 autorizaciones iniciales vigentes en Andalucía y un tiempo medio de irregularidad para la autorización de 2,6 años. En este sentido, Juan Manuel Puerta Vílchez, jefe provincial del Área de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno de Granada, y la letrada granadina Ana Torres Rodríguez, analizaron los criterios interpretativos para la solicitud del arraigo y los obstáculos para su concesión.
Durante la mañana del viernes, el encuentro hizo hincapié en la obtención de la nacionalidad española a través de Ley de Memoria Democrática. En concreto, el abogado de Cádiz Alejandro Peña Pérez desgranó a los asistentes las cuestiones prácticas que contempla la Ley 20/2022, de 19 de octubre, para adquirir la nacionalidad española.
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