Se trata de una decisión muy relevante, que abre la puerta “para que las estafas piramidales informáticas sean investigadas por la Audiencia Nacional. Es un criterio novedoso en la interpretación del artículo 65 de Ley Orgánica del Poder Judicial”, subraya Carlos Aránguez, de Aránguez Abogados, despacho que coordina esta denuncia colectiva. De hecho, explica que ayer se les comunicó que la AN ha admitido su competencia en el ‘caso Kuailian’, en el que también están personados. Y augura que llegarán otros más.
La cifra de víctimas de esta supuesta estafa se sitúa en 1.127, pero podría llegar a 32.000 por el número de cuentas afectadas, mientras que el perjuicio económico se calcula en más de 41 millones de euros actualmente, aunque podría superar los 900 millones. Este caso tiene ramificación internacional, con afectados en más de 20 países. Y es que, según destaca Aránguez, “es la mayor estafa piramidal de todos los tiempos”.
La estructura de esta empresa era estrictamente piramidal, a través del denominado ‘Plan amigo’ por el que los inversores, que incluso habían recuperado una parte de la inversión, introducían a sus amigos y familiares a este sistema. La empresa aseguraba a los inversores que lo que hacían era comprar criptomonedas baratas y venderlas caras, cuando en realidad funcionaban a través del conocido como “esquema ponzi” (la estafa piramidal clásica).
Al abogado de este caso le resulta “curioso que las estafas tradicionales sigan funcionando para los delincuentes”, aunque adaptadas a los nuevos tiempos. Señala que durante el confinamiento del año pasado se incrementaron las estafas de este tipo por una conjunción de factores: la gente encerrada en su casa, un incremento del uso de internet y la preocupación por el futuro. Y apunta otro factor importante, la falta de regulación en nuestro país sobre criptomonedas.
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