La Junta de Gobierno del ICAM ha emitido una declaración institucional tras el acuerdo firmado por el PSOE y JUNTS que reproducimos a continuación:

La Junta de Gobierno del ILUSTRE COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE MADRID, en sesión extraordinaria de fecha 9 de noviembre de 2023, ha aprobado por unanimidad la siguiente declaración institucional:

En relación con el documento suscrito por el PSOE y JUNTS hecho público en el día de hoy, esta Junta de Gobierno, de conformidad con el artículo 3.1 de sus Estatutos y el artículo 1.5 del Estatuto General de la Abogacía Española, que le confieren la defensa del Estado social y democrático de Derecho proclamado en la Constitución, desde la absoluta neutralidad institucional y pleno respeto a la pluralidad política, muestra su enorme preocupación por su contenido. Y, a tal efecto, MANIFIESTA:

1º.- La conformación de mayorías parlamentarias ha de estar supeditada siempre al principio de legalidad constitucional.

2º.- La separación de poderes, fundamento del Estado democrático, y sus mecanismos de control y contrapesos, imponen el pleno respeto y acatamiento a los tribunales de justicia y su función jurisdiccional.

3º.- El uso del término lawfare (instrumentalización de la justicia con fines políticos) referido a los Juzgados y Tribunales no tiene cabida en un Estado Democrático. En consecuencia, es inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional.

4º.- La sumisión de los jueces a la ley y la independencia judicial constituyen un presupuesto del Estado de Derecho, que debe ser respetado y acatado por todos los actores públicos y privados; lo que exige un llamamiento a la responsabilidad.

5º.- La Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea rigen toda actuación, incluyendo la de los partidos políticos, debiendo ser no solo asumidos y aplicados, sino también defendidos por todos los poderes del Estado y la sociedad civil.

Por las razones expuestas, el ICAM, en cumplimiento de sus fines, ejercitará cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes.