EL CGAE emite un comunicado sobre la intervención de las comunicaciones de abogados
Lesmes recuerda que si el espionaje esta respaldado por el Supremo, es legal
(Agencias).- Las defensas de los dirigentes independentistas espiados en el caso Pegasus se querellarán contra NSO Group, la empresa propietaria del sistema de espionaje Pegasus, y exigirán que la justicia española investigue qué agencias gubernamentales pueden estar detrás del caso de espionaje.
El Aula Magna de la Universidad de Barcelona (UB) ha sido el escenario del acto "Catalangate, nos están espiando", que ha reunido a Andreu Van den Eynde, Gonzalo Boye, Benet Salellas y Antoni Abat i Ninet, los abogados que representan a las entidades y partidos afectados por el caso de supuesto espionaje político a una sesentena de dirigentes y militantes independentistas.
Un acto unitario que ha contado con asistencia de varias decenas de personas, entre ellas dirigentes como Josep Maria Jové y Diana Riba, de ERC; Eulàlia Reguant y Carles Riera, de la CUP; Quim Jubert, de JxCat; o los líderes de Òmnium Cultural, Xavier Antich, y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, entre otros.
"No tenemos dudas de que las agencias gubernamentales españolas han participado", ha señalado el abogado Benet Salellas, que ha exigido a la justicia y a la Fiscalía que "no rechacen su obligación" de investigar a "todas las agencias gubernamentales españolas", al tratarse de información que solo podía estar a disposición de ellas.
De hecho, según fuentes de la defensas, se prevé que presenten en próximas semanas en el juzgado de instrucción 32 de Barcelona una batería de querellas dirigidas contra la empresa israelí NSO Group; un movimiento con el que además se buscará que se investigue judicialmente a qué agencias gubernamentales del Estado pudo vender su programa, apuntando sobre todo al CNI.
Aunque por ahora no se especifica cuántas querellas se presentarán, ni si serán individuales ni colectivas, las defensas se plantean pedir que se amplíe la investigación actualmente abierta por el espionaje al expresidente del Parlament Roger Torrent y al concejal Ernest Maragall, también a través del sistema Pegasus.
Así, según Van den Eynde, el procedimiento abierto desde hace un año y medio por el espionaje al expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent, supone "un buen precedente", pero ha avisado: "Ahora tenemos que hacer se suba a un escalón superior".
"¿Por qué creemos que hay una agencia gubernamental detrás? Porque la única defensa que tiene NSO es decir que se beneficia de la inmunidad de estados que contratan sus servicios", ha señalado.
Y aunque ha evitado hacer "futurología" y avanzar posibles pasos jurídicos, ha incidido en que se debe "trabajar para llevar a los jueces al rincón del que no puedan escaparse y presionarlos técnicamente para que investiguen", en paralelo a que la ciudadanía "debe presionar para que los órganos del Estado den explicaciones".
Para Gonzalo Boye, no obstante, "las primeras consecuencias jurídicas van a llegar desde fuera del Estado", ante lo que ha considerado que es "un delito de manual".
Boye ha aludido a las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se preguntó qué tenía que hacer un Estado ante un desafío como el independentista. "En Europa no se va a entender que un Estado democrático espíe al independentismo -ha dicho el letrado-. Ningún magistrado puede justificar lo que es ilegal".
Por su parte, Abat ha denunciado que existe una "persecución ideológica al independentismo" y que esta no tiene "ningún tipo de justificación jurídica ni política", ya que "el hecho de ser independentista no implica ningún acto antijurídico ni que sea reprobable penalmente".
El pleno del Consejo de la Abogacía emite un comunicado sobre la intervención de las comunicaciones de abogados
El pleno del Consejo General de la Abogacía, en su reunión del viernes 29 de abril, ha emitido el siguiente comunicado en relación con la intervención de las comunicaciones de abogados y abogadas en el ejercicio de su profesión:
“El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española rechaza por unanimidad cualquier posible intervención de las comunicaciones de los abogados y abogadas en el ejercicio de su profesión, como salvaguarda del derecho fundamental de defensa, y manifiesta su preocupación ante la información aparecida en diversos medios de comunicación, por si la presunta utilización de medios tecnológicos pudiera haber afectado al derecho y deber del secreto profesional”
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