La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo ha sido el escenario en el que, esta mañana, se ha clausurado el ciclo de Jornadas sobre acción climática y energética a nivel autonómico que el IIDMA (Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente) ha celebrado en distintas comunidades autónomas a lo largo de 2022. El evento, organizado en Sevilla con la colaboración de la Consejería de Sostenibilidad de Andalucía, ha contado con la participación de 14 ponentes del ámbito político, académico y del derecho ambiental y energético.
 
Esta tercera sesión ha puesto el foco en las comunidades de Andalucía, Madrid, Extremadura y Región Murcia. Destacan los avances de Andalucía y Extremadura en sus objetivos de implantación de renovables con horizonte 2030, y la creación, en Madrid y Murcia, de órganos consultivos en materia de cambio climático. Andalucía, además, es la única de estas cuatro regiones que ha adoptado una Ley autonómica de Cambio Climático. Pese a estas mejoras, y las de otras comunidades analizadas, el IIDMA sostiene que España sigue siendo deficitaria en planes a largo plazo, coordinación interadministrativa y transparencia.
 
“La distribución competencial prevista en nuestra Constitución en materia climática y energética otorga a las comunidades autónomas un papel esencial en el cumplimiento de los compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático”, ha afirmado Ana Barreira, directora fundadora y abogada del IIDMA, durante la presentación del informe El rol de las comunidades autónomas en la lucha contra el cambio climático, publicado recientemente por el Instituto y con el que se ha abierto el primer bloque de la jornada.
 
En consonancia con ese rol, y siguiendo la experiencia de otros países de nuestro entorno, en España ya son varias las comunidades autónomas que han creado comités de expertos de cambio climático. Sin embargo, de las regiones presentes en la jornada de hoy, solo la Comunidad de Madrid ha reforzado su marco de gobernanza climática con la formación de un comité científico-técnico de sostenibilidad y cambio climático. Según Alba Iranzo, abogada del IIDMA y coautora del informe sobre este asunto, “si bien la creación de estos órganos es necesaria para influir en la acción climática y energética, su aplicación en el plano autonómico está fallando por carecer de los mecanismos y recursos necesarios.”

Tras esta presentación se ha celebrado una mesa de debate en la que los representantes autonómicos de Andalucía, Comunidad de Madrid y Región de Murcia han compartido los avances y perspectivas en acción climática y energética de sus respectivos territorios. En esta mesa han participado María López, directora general de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático de Andalucía; Mariano Oliveros, subdirector general de Evaluación Ambiental Estratégica de la Comunidad de Madrid; y Francisco Marín, director general de Medio Ambiente de la Región de Murcia.
 
Renovables, biodiversidad y territorio

La segunda parte de la sesión ha girado en torno a cómo conciliar el despliegue de las renovables con la biodiversidad y el territorio, comenzando con la presentación de los informes del IIDMA sobre este asunto (nivel estatal y autonómico). Tal como se ha indicado, en un escenario como el actual, donde el compromiso contra el cambio climático se suma a una crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, el empuje a las renovables está suponiendo un reto de múltiples dimensiones.
 
En su análisis, el IIDMA afirma que esa conciliación es posible siempre que se realice una planificación adecuada y se cuente con un marco jurídico-institucional apropiado. Concretamente, se ha sugerido la utilización de espacios ambientalmente degradados o en desuso para la ubicación de instalaciones de energías renovables. “Es importante fomentar programas que faciliten la ubicación de estos proyectos en terrenos degradados de difícil recuperación, vertederos clausurados, antiguas minas o zonas industriales”, ha apuntado Massimiliano Patierno, ingeniero ambiental del Instituto.
 
Por otro lado, la identificación temprana de los riesgos es fundamental para evitar impactos significativos en la biodiversidad. Según ha sostenido Ángel Roldán, abogado ambiental del IIDMA, “el instrumento más adecuado para alcanzar este objetivo es la Evaluación Ambiental Estratégica, porque permite estudiar los efectos de planes, programas y políticas”.

Sobre todo ello han debatido y aportado sus perspectivas de futuro los representantes autonómicos y especialistas que han formado la segunda mesa de debate. Concretamente, han intervenido Manuel Larrasa, secretario general de la Energía de Andalucía; Giuseppe Carlo Aloisio, director general de Política Forestal y Biodiversidad de Andalucía; David Serrano, doctor en Biología y profesor en la Estación Biológica de Doñana; y Ana Isabel Ruiz, vicepresidenta del Clúster de la Energía de Extremadura.