La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG ha estimado en parte el recurso interpuesto por la entidad Ventauria Enerxía Rural y declara la responsabilidad patrimonial de la Xunta por los daños y perjuicios sufridos por la empresa como consecuencia de la decisión de la Consellería de Economía e Industria de suspender la tramitación de procedimientos de autorización de instalaciones mientras no se aprobada una nueva ley que cambió el modelo de aprovechamiento eólico.

El tribunal condena a la Xunta a abonar a la recurrente algo más de 842.000 euros, más los intereses legales desde la fecha de la reclamación en vía administrativa, por ver frustrada de forma sobrevenida la posibilidad de desarrollar las instalaciones que fueron objeto de los expedientes de autorización de los parques eólicos Porteliña, Outeiro do Home, Coto da Lebre y San Sebastián.