El reciente anuncio de Sumar sobre el paquete de medidas de regeneración democrática acordado con el PSOE ha suscitado un considerable debate, siendo destacable lo indicado en relación con la propuesta de ofrecer una reparación pública a aquellas personas investigadas judicialmente cuyos casos no terminan en juicio, pero que sufrieron daños significativos a su honor debido a una intensa cobertura mediática. La intención de modificar la ley orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen plantea cuestiones complejas que requieren un análisis crítico y detallado, especialmente desde la perspectiva del Derecho Constitucional.

En primer lugar, es innegable que el daño a la reputación causado por la exposición mediática puede ser devastador para los individuos involucrados. En una sociedad donde los medios de comunicación juegan un papel preponderante, las investigaciones judiciales, especialmente cuando involucran a figuras públicas, suelen generar un interés desmesurado. La publicación constante de información negativa, aunque posteriormente se demuestre infundada, puede llevar a que la percepción pública considere culpable a una persona antes de que se celebre un juicio. Este fenómeno, conocido como “juicio mediático”, no solo afecta la vida personal y profesional del individuo, sino que también plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha abordado en múltiples ocasiones el conflicto entre el derecho a la información y el derecho al honor. La Sentencia 178/1993 es particularmente relevante en este contexto, pues subraya que aunque la libertad de información tiene una posición prevalente debido a su importancia en una sociedad democrática, esto no debe vaciar de contenido los derechos fundamentales de las personas afectadas por la información. La veracidad de la información, un criterio esencial para su protección constitucional, no se refiere a una exactitud rigurosa, sino a la ausencia de negligencia o intención de difamar por parte de quienes transmiten la información. Este estándar de veracidad y diligencia es crucial para asegurar que la libertad de información no se convierta en una herramienta de difamación y daño injustificado.

No obstante, la propuesta de Sumar, tal como se ha presentado hasta ahora, adolece de una preocupante falta de concreción y claridad. La reparación pública para aquellos que fueron investigados y no juzgados plantea una serie de interrogantes que no han sido adecuadamente abordados. En primer lugar, la propuesta no especifica claramente quiénes serían elegibles para recibir dicha reparación. ¿Se aplicaría únicamente a figuras públicas o también a ciudadanos comunes cuya reputación ha sido dañada? ¿Qué criterios se utilizarán para determinar si una persona ha sido suficientemente perjudicada como para merecer una reparación? La falta de definición en estos aspectos esenciales deja la puerta abierta a interpretaciones ambiguas y potencialmente arbitrarias, lo que podría socavar la eficacia de la medida.

Además, la implementación de estas medidas de reparación presenta serios desafíos en términos de equilibrio entre derechos fundamentales. Por un lado, está la necesidad de proteger el honor y la reputación de las personas; por otro, la importancia de mantener una prensa libre y sin restricciones injustificadas. La clave radica en asegurar que la información se maneje con responsabilidad y que las reparaciones se otorguen de manera justa y proporcional. Sin embargo, la indeterminación actual de la propuesta de Sumar no ofrece garantías suficientes de que se pueda lograr este equilibrio de manera efectiva.

Otro aspecto crítico es la falta de claridad sobre el sujeto a cuyo cargo iría la reparación. ¿Será el Estado el responsable de ofrecer esta reparación? ¿O se exigirá a los medios de comunicación que publiquen rectificaciones o declaraciones de disculpa? En caso de que la responsabilidad recaiga sobre los medios, esto podría plantear serios problemas de censura y coacción, comprometiendo la libertad de prensa. Por otro lado, si la reparación es responsabilidad del Estado, ello podría implicar una inversión considerable de recursos públicos, lo que también merece una cuidadosa consideración y justificación.

Asimismo, la propuesta no aborda adecuadamente las posibles extensiones de estas medidas a otros ámbitos, como las investigaciones fiscales o de la Seguridad Social. Las personas que son investigadas en estos contextos pueden sufrir daños similares a su reputación, y sería injusto excluirlos de las posibles reparaciones. Sin embargo, extender estas medidas a todos los ámbitos de investigación administrativa y judicial sin una clara delimitación y criterios precisos podría resultar en un sistema insostenible y propenso a abusos.

La creación de un sistema de reparación pública también debe prever mecanismos para prevenir abusos y garantizar la integridad de los trámites. Es esencial que el procedimiento para solicitar y evaluar las reparaciones sea riguroso y transparente, evitando que se convierta en una herramienta para silenciar críticas legítimas o para obtener ventajas indebidas. La supervisión independiente y la rendición de cuentas serán fundamentales para mantener la integridad del sistema y asegurar que las reparaciones se otorguen únicamente cuando haya una clara evidencia de daño injustificado.

En cuanto al impacto social y mediático de estas medidas, es previsible que los medios de comunicación necesiten ajustar sus prácticas para garantizar una cobertura más equilibrada y menos sensacionalista de las investigaciones judiciales. Ello, a su vez, requerirá una mayor conciencia y formación sobre los derechos al honor y la responsabilidad de la información, tanto entre los profesionales de los medios como en la sociedad en general. Las campañas de concienciación y la formación ética y responsable de los periodistas podrían ser pasos importantes en esta dirección.

Ciertamente, aunque la intención de Sumar de proteger el honor y la reputación de las personas injustamente perjudicadas por investigaciones judiciales es loable, la propuesta actual presenta serias deficiencias en términos de concreción y claridad. La indeterminación de las condiciones para la reparación, la falta de definición de los sujetos responsables y la posible extensión indiscriminada a otros ámbitos plantean importantes desafíos legales y prácticos.

Resulta esencial que cualquier medida en esta dirección sea cuidadosamente diseñada y equilibrada, asegurando la protección de los derechos fundamentales sin comprometer la libertad de prensa ni incurrir en abusos. Solo a través de un enfoque riguroso y transparente se puede garantizar que estas medidas contribuyan a una sociedad más justa y respetuosa de los derechos fundamentales.