El tejido empresarial español se ha visto gravemente afectado por la crisis sanitaria en el último año y medio. Para evitar las consecuencias de la recesión, España recibirá 140.000 millones de euros de los Fondos Next Generation EU, de los cuales una parte irá destinada al impulso y crecimiento de las empresas. Sin embargo, tal y como recoge la nueva Ley ‘Crea y Crece’, recientemente aprobada, aquellas compañías que no cumplan los plazos de pago no podrán ser beneficiarias de ningún tipo de subvención pública, incluidas las mencionadas ayudas europeas.
Esto supondría un problema para muchas compañías que sufren problemas de liquidez, ya que según el último Informe Europeo de Pagos de Intrum, el 72% de las pymes españolas reconoce tener que aceptar plazos pago más largos de lo que le gustaría ante la imposibilidad de sus clientes de abonar las facturas a tiempo. De hecho, si se analizan las peticiones de ampliación de pagos realizadas a las pequeñas y medianas empresas, las grandes corporaciones son las que encabezan el ranking (44%), seguidas de las pymes (42%) y el sector público (10%).
En cuanto a las entidades de mayor tamaño que han recibido solicitudes de este tipo, el 80% se han visto en la tesitura de responder a esta necesidad. En este caso, el 45% de las encuestadas afirma que este reclamo proviene de grandes corporaciones, el 43% de pequeñas y medianas empresas y el 12% de organizaciones de carácter público.
Pese al elevado porcentaje de empresas que están teniendo que ampliar los plazos de pago marcados en el contrato, las cifras reflejan una mejora respecto a 2020. Hace un año, la proporción de pymes que se veían en esta situación era 18 puntos mayor que ahora (90%) y, en el caso de las grandes corporaciones, 9 puntos más (89%).
6 de cada 10 empresas españolas no confían en la capacidad de pago de aquellos clientes con cuentas económicas pendientes
A pesar de que ofrecer la posibilidad de pagar más tarde puede suponer un desahogo para muchas compañías, lo cierto es que las organizaciones españolas están más preocupadas que nunca por la capacidad de pago de estos clientes.
Según el análisis realizado por la empresa líder en prevención y gestión de impagos, a 6 de cada 10 compañías españolas (63%) les preocupa que, a pesar de las ampliaciones de pago, finalmente los clientes no puedan hacer frente a sus obligaciones financieras. Es más, el 65% cree que el riesgo de impago crecerá en los próximos meses.
Aunque las cifras de desconfianza son muy superiores a las registradas en 2020, cuando la mitad de las empresas encuestadas creía que el peligro de impago aumentaría a corto plazo (48%), los resultados obtenidos este año sitúan nuestro país por debajo de la media europea (66%), y como uno de los mercados en que menos organizaciones afirman que el riesgo de impago crecerá próximamente.
De hecho, tal y como muestra el Informe de Intrum realizado a partir de 10.000 encuestas a entidades europeas de todos los tamaños, España se sitúa solo a tres puntos de Reino Unido, Alemania e Irlanda, mercados que, con un 62%, opinan en menor medida que el peligro de impago de sus clientes con cuentas pendientes vaya a incrementarse en los doce meses venideros. Muy cerca estarían también países como Portugal, Francia e Italia, con un 63%.
Con estas previsiones por delante, es más importante que nunca tomar precauciones a tiempo y diseñar un plan para asegurar los pagos de los clientes, a fin de evitar riesgos de liquidez y asegurar cualquier subvención a la que tengan posibilidad de acceder. Exigir el pago por adelantado o las verificaciones de crédito pueden ser algunas ideas para que las empresas, sobre todo las de menor tamaño, puedan tener la certeza de recibir sus pagos en los tiempos establecidos.
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