El sistema electoral español “es un sistema confiable, que ha brindado garantías y cuenta con el aval de la ciudadanía, pero preventivamente hay mucho que se puede hacer para evitar problemas futuros”, coincidieron los expertos reunidos en una sesión celebrada en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) para analizar el proceso electoral del 28 de mayo y los retos cara a los próximos comicios del 23 de julio.
Jesús Delgado Valery, director ejecutivo de Transparencia Electoral, organización internacional, con sede en Buenos Aires, dedicada al monitoreo de los procesos electorales en Europa y Latinoamérica, expuso la impresiones de la delegación que monitoreó las elecciones del 28 de mayo, en conversación con los docentes de UNIR Víctor Pascual Planchuelo, director de Área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y Víctor Renobell Santarén, coordinador del Grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública, que forma a los estudiantes en el análisis de los sistemas electorales, quien moderó el debate.
“Algo muy importante, que llama la atención tiene que ver con la falta de formación de las autoridades de mesa. En el sistema electoral español, la autoridad de mesa llega a la jornada electoral sin haber tenido ninguna formación”, señaló Delgado, quien subrayó que “en España no está regulada la observación electoral. No existe esta figura, de manera que esta misión no se puede catalogar como misión electoral, sino acompañamiento para entender cómo funciona el sistema y hacer un juego comparativo con otros sistemas, teniendo en cuenta que nos hemos enfrentado a dificultades en otros países y podemos adelantarnos y proponer medidas preventivas”.
Falta de formación y regulación del observador electoral
Delgado indicó que la falta de formación de los responsables de mesa puede derivar en “algún tipo de práctica irregular por los interventores de los partidos. Se puede dar el caso de que estos aprovechen la falta de capacitación de las autoridades para influenciar el proceso y sacar provecho para su propio partido. Sobre todo en las mesas o centros donde no todos los partidos pueden tener presencia”.
Asimismo, este experto defendió la necesidad de regular la observación internacional de las elecciones en España: “La mirada del observador electoral, tanto nacional como internacional, es una forma de participación ciudadana que no se contempla en la legislación. Se ha considerado que el sistema es suficientemente seguro y confiable, sin embargo, hechos recientes como lo ocurrido con el voto por correo abre un nuevo panorama”.
Voto por correo
Según el profesor Víctor Pascual Planchuelo, Doctor en Derecho Internacional Público, “en varios municipios el voto por correo demostró una vulnerabilidad importante. Las autoridades electorales actuaron de forma razonable y ejecutiva. Pero esa situación se hubiera podido evitar con la reforma del artículo 73 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, de manera que quien deposite el voto en la oficina de Correos tenga que acreditar documentalmente con su DNI o Pasaporte”.
Otra cuestión sobre la que reflexionaron los expertos fue sobre el secreto de voto, que es uno de los atributos de un sistema democrático. “En España se utilizan muy poco las cabinas. Las papeletas están en una mesa expuestas ante todos los interventores, apoderados… y, sobre todo en zonas con menor población, puede haber presiones (familiares, laborales…). Podría solucionarse si se estableciera la obligatoriedad de uso de la cabina, como ocurre en Francia o Alemania. Garantizaría la libertad de voto”, aseveró Pascual. De la misma consideración, Delgado alertó de las “redes de clientelismo que pueden influenciar el voto” y afirmó que “sería una medida preventiva interesante de platear”.
Igualdad de voto
Además, se debatieron otras cuestiones como la igualdad de voto: “En España no hay una verdadera igualdad de voto porque el sistema está planteado de forma que sobre representa a determinadas provincias sobre otras. Se debe a una combinación de factores para la atribución de escaños. ¿Es injusto? Es una cuestión a debatir. Favorece la gobernabilidad, para posibilitar gobierno a los partidos mayoritarios, pero perjudica a los pequeños o medianos dispersos por toda España. Y también favorece a los partidos que concentran el voto en determinadas circunscripciones”, apuntó Pascual.
También, sobre el voto de extranjeros en elecciones municipales y de personas nacidas en España sin nacionalidad española: “En las elecciones municipales pueden votar ciudadanos de la Unión Europea y también de algunos países con los que España tiene tratados, como Perú, Colombia, Ecuador o Corea del Sur, pero hay otros ciudadanos que no pueden, aunque representen una población importante dentro de un municipio. Asimismo, hay ciudadanos nacidos en España que siguen sin obtener la nacionalidad española por la excesiva duración de este proceso, que pueden llevar viviendo más de 20 años en España y que no pueden votar en ninguno de los procesos electorales del país. Habría que reflexionar sobre estas dos cuestiones para ampliar la universalidad del sufragio”, consideró este profesor de UNIR.
Una última cuestión que se planteó a los expertos fue el desarrollo del voto electrónico. Para Pascual, es condición ineludible que se tenga “muy asegurada la integridad del sistema, pues es susceptible de sufrir algún tipo de vulnerabilidad”.
Delgado proporcionó el ejemplo de Estonia, donde se vota electrónicamente. “Somos entusiastas de la tecnología, pero hay que contar con muchas garantías -coincidió-. En Estonia, por más que la persona haya votado por internet, puede luego votar en persona, y en caso de que se haya producido una vulneración de sus datos, este voto presencial es lo que se toma finalmente en cuenta. La recomendación, en todo caso, es implementarlo de forma paulatina; con una gran formación de las personas, sobre todo de la tercera edad, y siempre con los recaudos necesarios”.
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