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Madrid, 31 jul (EFE).- La ponencia encargada estudiar el proyecto de ley de eficiencia judicial y de acciones colectivas en defensa de los consumidores, que reforma la planta judicial y acaba con los juzgados de paz, ha fijado este miércoles un calendario de trabajo para septiembre para acelerar su tramitación.

La reforma judicial, explican a EFE fuentes parlamentarias, es uno de los "hitos" comprometidos con Bruselas, vinculados al desembolso de fondos del Plan de Recuperación, y debería estar aprobada en noviembre, un objetivo complicado ya que se han presentando 1.071 enmiendas.

En la reunión de hoy se ha acordado un plan de trabajo para comenzar a analizar el apartado de la ley dedicado a impulsar la mediación extrajudicial, el menos controvertido, y pasar después a estudiar el modelo organizativo, más problemático ya que tanto el PP como los aliados catalanes del gobierno se oponen a la desaparición de los jueces de paz.

Fuentes del grupo socialista se muestran confiados en la posibilidad de un acuerdo para que los jueces de paz se acaben integrando en las llamadas "oficinas de justicia en los municipios", modelo que podría aceptar también el grupo popular.

Los populares asumen la desaparición de los juzgados de paz, como desparecerán los juzgados unipersonales, pero cree que la figura del juez de paz es fundamental en la España rural y debe continuar en el marco de las citadas oficinas. 




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