El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, que incluye también medios adecuados para solución de controversias, por 179 votos a favor y 168 en contra.

“Era necesaria. Es mejorable pero no nos preocupa tanto la ley como su puesta en funcionamiento, que se destinen los recursos necesarios y que se cuente con la abogacía para ver cómo se implantan esos tribunales de instancia y cómo se lleva a cabo la digitalización”, señaló el presidente de la Abogacía, Salvador González, ayer en un desayuno de prensa.

De izda. a dcha.: Salvador González, presidente; Encarna Orduna, secretaria general, y Cristina Llop, tesorera de la Abogacía Española.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, señaló en la defensa del proyecto de ley que esta iniciativa representa “un paso decisivo para modernizar el servicio público de justicia, pasando de una estructura propia del siglo XIX a otra que se adapta a las necesidades del siglo XXI”.

De esta forma, los 3.800 juzgados unipersonales se transformarán en 431 tribunales, favoreciendo la especialización, la unificación de criterios y permitirá distribuir adecuadamente las cargas de trabajo y compartir recursos.

Entre las principales reformas, la ley establece la creación de tribunales de instancia que reemplazarán a los actuales juzgados unipersonales, y de oficinas municipales de justicia que sustituirán a los juzgados de paz. Asimismo, se contemplan oficinas judiciales adscritas a cada tribunal de instancia, lo cual permitirá equilibrar la carga de trabajo entre todos los tribunales y unificar los criterios procesales.

Otra medida destacada es la creación de oficinas de justicia en municipios pequeños y zonas rurales para que los ciudadanos puedan realizar trámites procesales desde su localidad, sin necesidad de desplazarse al tribunal de instancia. Bolaños resaltó que esta iniciativa facilitará el acceso a la Justicia y permitirá que sea “más cercana al ciudadano, sobre todo en ámbitos rurales”.

La ley también impulsa el uso de medios adecuados para la solución de controversias (MASC), con el fin de fomentar la negociación entre las partes, un mecanismo que ya es común en el ámbito social y que el gobierno quiere extender a los campos civil y mercantil. “Queremos apostar por la conciliación privada y facilitar que estos acuerdos se incorporen de forma sencilla al sistema jurídico”, explicó Bolaños. Para ello, se promoverá la colaboración de abogados, procuradores, notarios y registradores, de manera que se reduzcan los litigios.

Por último, la norma establece la creación de un procedimiento único para la protección y defensa de los consumidores y usuarios, unificando así los procesos en este ámbito para una mayor eficacia en la defensa de sus derechos.

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, asistió al Pleno del Congreso junto con la secretaria general, Encarna Orduna, y la tesorera, Cristina Llop.