Esta mañana, la sede del Consejo General del Notariado (CGN) acogió la presentación de la obra La reforma de la discapacidad, editada por Fundación Notariado. El acto estuvo encabezado por José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN y de las fundaciones Aequitas y Notariado, así como autor del prólogo. Le acompañaron los tres notarios coordinadores de la obra: Almudena Castro-Girona, (directora de la Fundación Aequitas y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado. UINL); Federico Cabello de Alba (director de la sección social y económica de la Fundación Aequitas), y Carlos Pérez Ramos (coordinador de la Revista Jurídica del Notariado).
En representación de los 45 autores intervinieron Rafael de Lorenzo, secretario general de la ONCE; Juan José González Rivas, presidente emérito del Tribunal Constitucional, y María Jesús Moro, diputada y profesora titular de Derecho Civil.
Para Martínez Sanchiz, "en esta obra se recogen una serie de trabajos realizados por personas del máximo conocimiento de la materia; todos ellos juristas de gran nivel de ámbitos como el judicial, notarial, fiscal, la abogacía o las entidades sociales. Debemos felicitarnos por la obra y, sobre todo, por la existencia de esta Ley 8/2021 por la que tanto ha trabajado la Fundación Aequitas"
"Aequitas ha sabido defender -junto con CERMI, ONCE y otras entidades sociales- la aplicación del artículo 12 de la Convención de la ONU que afirma que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica. La Ley es un éxito por la colaboración de todos los grupos parlamentarios y por ser un referente mundial, ya que es la transposición de la Convención con desarrollo legislativo más intenso", resaltó.
Para Martínez Sanchiz, la nueva Ley sobre discapacidad, "realza la importancia del Derecho Civil, que se caracteriza porque está vinculado ineludiblemente a la persona mediante la inserción de una serie de principios como la idea de libertad e igualdad. El Derecho Civil tiende siempre a proteger a los que necesitan mayor apoyo. Asimismo, tiene un valor ético impagable porque exige un compromiso en materia de Derechos Humanos".
También demandó un papel más activo en la aplicación de esta legislación. "Es comprensible que un cambio de paradigma como este provoque miedo a un mayor grado de libertad, incluso por parte de las personas con discapacidad y sus familias. Debemos incentivar ese enriquecimiento de la personalidad". La confianza en las familias es uno de los pilares en los que se sustenta la protección jurídica de la discapacidad, sostuvo Martínez Sanchiz: "La Ley establece la confianza en la familia. Se reconoce la autonomía personal, pero en compañía de los suyos".
Sobre el papel que desempeñan los notarios a raíz de la nueva normativa, Martínez Sanchiz declaró que "nos obliga a abordar una nueva situación. Los notarios nos encontramos con una responsabilidad altísima ya que debemos ofrecer soluciones e introducir medidas de salvaguarda".
"Esta obra aporta a los juristas información y formación. Aunque no debemos reducirnos a estudiar, sino que también debemos escuchar para construir soluciones conjuntas que sirvan mejor a la sociedad. Los notarios tenemos la ventaja de poder dialogar con los ciudadanos, para -al igual que otros profesionales como jueces y fiscales- tratar de desarrollar un objetivo tan elevado como es el respeto de la dignidad humana", concluyó.
Juan José González Rivas, mostró su optimismo en la “superación del artículo 49 de la Constitución, en la que debería sustituirse el término 'disminuido' por 'persona con discapacidad'. Supondría un aldabonazo en el ámbito legislativo y judicial haciendo efectivos los principios básicos de nuestro Estado de Derecho".
La diputada Moro resaltó el consenso político en la puesta en marcha de una Ley que se inició durante un gobierno y concluyó con otro de sesgo contrario. "Su tramitación fue ejemplar porque una serie de personas fue consciente de su importancia, a pesar de la variedad del arco parlamentario se logró un máximo consenso. Entidades como CERMI, ONCE o Plena Inclusión fueron también un motor de impulso fundamental. Ha supuesto la primera gran transformación del Derecho Privado, aunque pueda tener algunas lagunas. Debemos proteger esta norma e irla adaptando a la realidad; defendiendo la autonomía privada con todas las garantías posibles y reduciendo el intervencionismo de los poderes públicos".
Por su parte, Rafael de Lorenzo abundó en la dificultad de aprobar "una reforma de tal extensión en el Código Civil y otras siete u ocho leyes. Es un fenómeno parlamentario inusual, en un período muy corto se modificaron más de 250 artículos de Derecho Privado. Supuso un ejemplo de voluntad política que hizo prevalecer el interés social para un colectivo de cuatro millones y medio de personas con discapacidad que, con sus familias, se convierten en la cuarta parte de la población española. Esta obra realiza aportaciones relevantes ante el reto que supone la aplicación práctica de una reforma de tan gran calado, que nos dota de herramientas para incrementar la dignidad humana del sector a través del desarrollo de una plena capacidad jurídica".
Por lo que se refiere a los coordinadores de la obra, Federico Cabello de Alba, apuntó que "hay que avanzar más en la aplicación de la Ley. Es un trabajo que aún no ha finalizado, hay legislaciones conexas que aún no se han abordado. Los operadores jurídicos, como la judicatura o el Notariado, debemos superar inercias para avanzar en el acceso a otras prácticas como es el caso del ámbito bancario". Castro-Girona coincidía en ese mensaje: "Tenemos mucho por hacer, pero ahí vamos a estar todos trabajando unidos. Desde Aequitas tenemos disposición para trabajar juntos, como demuestra este libro". Por su parte, Pérez Ramos, señaló que el objetivo planteado en la génesis de la obra, "realizar un libro de referencia sobre la discapacidad", se había cumplido.
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